Fracción del PIN anuncia inicio de campaña electoral en alianza con sectores

Por: elmundo.cr

El diputado José María Villalta del Frente Amplio, con el apoyo de Walter Muñoz del Partido Integración Nacional, presentará este jueves una moción que pretende suspender la votación en primer debate de la Ley de Empleo Público porque dicho proyecto afectaría el funcionamiento y la independencia del personal del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a las votaciones de febrero de 2022.

Villalta dijo a este semanario que el Tribunal respondió ante en  las consultas hechas por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad  sobre Empleo Público, que esta iniciativa tocaba aspectos de materia electoral, al afectar el régimen de contratación laboral  de los empleados de esta institución, el cual se regiría por la normativa emanada del Ministerio de Planificación (Mideplan), como lo propone el nuevo proyecto. Esto implica que si se aprueba la nueva propuesta deja de regir la actual legislación de trabajo establecida por el TSE.

Para Villalta, esto implicaría una clara intromisión  del Poder Ejecutivo en las regulaciones laborales del personal del TSE y en  el ejercicio de la independencia del órgano electoral, que se prepara para las votaciones del domingo 4 de febrero.

Cabe recordar que el TSE emitió un criterio negativo en esa misma dirección recientemente, ante las consultas hechas por los diputados que elaboraron el nuevo texto que será votado este mismo jueves.  El Tribunal reitera, en esta tercera respuesta a los congresistas, la afectación al funcionamiento e independencia, al igual que lo han hecho otras instituciones públicas consultadas como son la Universidad de Costa Rica, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de los municipios.

El legislador frenteamplista sostiene que de llevarse a cabo la votación de Empleo Público se violentaría el artículo 97 de la Constitución  Política, que establece que aquellos  proyectos de ley relacionados con materias electorales no podrán votarse los seis meses anteriores y los cuatros posteriores a la celebración de las elecciones, las cuales están a dos meses de su realización.

Los municipios, universidades estatales, la Corte e  instituciones independientes, como el TSE, coinciden en criticar que esta iniciativa divide en dos categorías inexistentes ahora a los empleados, una a la que le aplicaría la nueva ley y otra que quedaría exenta, porque considera que solo un grupo de trabajadores realizan funciones esenciales. Además, los despidos, sanciones y contrataciones pasarían a ser administrados por el  Mideplan, órgano asesor del Poder Ejecutivo. 

Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN)  y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitaron realizar la votación este jueves, tras ser solicitado por el candidato presidencial del PLN José María Figueres y el candidato a vicepresidente del PUSC, Franco Arturo Pacheco. 

“Quieren salir de eso ya porque saben que cada día que pase se les complica más porque surgen más criterios en contra” , dijo Villalta, tras recordar los criterios en contra de la Corte Suprema, el TSE, la Procuraduría General de la República, la Universidad de Costa Rica y la mayoría de las municipalidades. 

Walter Muñoz, por su parte, apoyará la moción y sumará otros cuestionamientos sobre la legalidad, como que el proyecto no culminó las consultas necesarias al omitir las de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los sindicatos del Poder Judicial y el sindicato del Consejo Nacional de Producción (CNP). 

José María Villalta, Walter Muñoz y el diputado Pedro Muñoz también están preparando una consulta de constitucionalidad que presentarán ante la Sala IV, en caso de aprobarse la Ley.

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