Plan de Gobierno

                                Dr. Walter Muñoz Céspedes, candidato presidencial 

Mensaje del Dr. Walter Muñoz Céspedes, candidato presidencial.

Deseo compartir con todos los costarricenses algunas reflexiones sobre las propuestas de solución a los problemas de Costa Rica. El Partido integración Nacional (PIN), es un proyecto político, producto del análisis de los problemas nacionales que desde 1990 realizamos en el Centro de Estudios Costa Rica Siglo XXI.

Con planteamientos de respuesta y no de protesta a la situación de nuestro país, somos el resultado del voto por convicción y no por tradición que logre motivar a los miles de costarricenses que sienten hoy la necesidad de confiar en un planteamiento serio y responsable, que garantice la esperanza de una mejor calidad de vida.

Representamos el proyecto político del futuro, con bienestar, solidaridad y equilibrio social. Creemos en un Estado Rector que permita la independencia administrativa real de las instituciones autónomas, su despolitización y la capacidad profesional que les permite aprovechar mejor los recursos para sus servicios.

Somos defensores de una democracia participativa, con un desarrollo cantonal y comunal, en donde se le dé a cada región del país los recursos necesarios para lograr el desarrollo de acuerdo con sus características.

Estamos en la Costa Rica del Siglo XXI, el pueblo exige de la clase política eficiencia y transparencia, que debe reflejarse en la elaboración de un programa de gobierno que beneficie a la mayoría de los costarricenses, garantizando mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y de desarrollo humano.

Somos partícipes de apoyar los proyectos de interés nacional y de continuar defendiendo nuestra posición con respeto, tolerancia y en la búsqueda de coincidir para el beneficio de la mayoría de los costarricenses, heredando a nuestros hijos una Costa Rica mejor.

¡Debemos y podemos rescatar Costa Rica!

Ileana Vargas González, candidata a la primera vicepresidencia de la República

Nunca en la historia de Costa Rica hemos enfrentado una crisis de la magnitud que enfrentamos en este duro presente. Al profundo deterioro del Estado Social de Derecho, que construimos como nación en buena parte del siglo anterior, hoy se le suman los graves efectos de una pandemia (o para ser más precisos, una sindemia por su doble marca sanitaria y social) que condiciona nuestras vidas y que dejará profundas huellas en los años venideros.

Como médico he visto muchos pacientes, cuya condición se ha agravado a extremos tales que para salvarles la vida y para que recuperen su salud, se requiere poner a su servicio todos los conocimientos, tratamientos, esfuerzos y oraciones. Y en múltiples ocasiones para el regocijo de esos enfermos, sus familias y nosotros como curadores, el paciente ha salido adelante.

Hoy día, el país enfrenta una grave enfermedad que lo tiene en cuidados intensivos. Los síntomas son:

  • Unas finanzas públicas en estado crítico mientras la evasión y la elusión del pago de impuestos, y el contrabando, cercenan al Estado de recursos imprescindibles para impulsar el desarrollo nacional. Una deuda pública que lo desangra en una incontenible hemorragia económica de enormes magnitudes.
  • Una situación de pobreza y desigualdad social para millones de compatriotas, que lo que antes representaba un bien ganado orgullo nacional, hoy es motivo de récords que son motivo de vergüenza.
  • Una Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) baluarte de nuestro Estado de Bienestar, mermada en sus recursos para atender los enormes desafíos de la salud pública por pésimas decisiones administrativas y por corrupción.
  • Una educación pública en estado crítico antes de la pandemia que ha agravado a números rojos, por lentas y equivocadas decisiones, y que hoy está condenando a niños y jóvenes al futuro incierto de una generación perdida.
  • Un desempleo galopante que escaló hasta un 25 % el año 2020 y que hoy mantiene a casi medio millón de trabajadoras y trabajadores en el desempleo y en la angustia cotidiana de no poder llevar el alimento necesario a sus familias. Un aumento continuo de trabajadores informales que es otra cara de la precariedad del empleo.
  • Millares de agricultores, productores pecuarios y pescadores abandonados a su suerte desde hace muchos años, por distintos gobiernos, siendo actores claves para nuestra soberanía alimentaria y para traer alimentos a nuestras mesas.
  • Persistente brecha digital para amplios sectores de la población (existiendo recursos en FONATEL para reducirla), en momentos en que los confinamientos urgían la democratización de la conexión a Internet y la alfabetización digital.
  • Una obra pública deficitaria y en progresivo deterioro mientras la corrupción de la cochinilla, el cementazo y la trocha, han llevado millones de colones y dólares a avariciosos bolsillos privados y de funcionarios públicos corruptos.

Esta enfermedad múltiple y generalizada que aqueja al cuerpo nacional, ha provocado también incertidumbre y apatía en la mayoría de compatriotas, y también justo enojo ante el engaño perpetuo de promesas electorales incumplidas por la sucesión de gobiernos en manos de los partidos que han hecho las cosas mal desde el Poder Ejecutivo, y desde la Asamblea Legislativa.

El plan de gobierno 2022-2026 que proponemos es el mejor tratamiento para que Costa Rica recobre su salud. Contiene propuestas, procedimientos y acciones para recuperar y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho y con ello garantizar una vida segura, digna y mejor para todos; no solo para una minoría de privilegiados.

Contamos con recursos naturales, sociales y humanos suficientes para salir adelante, con una reactivación económica y social, inclusiva y solidaria. Tenemos la certeza de que los partidos que, desde el gobierno y desde el Parlamento han venido socavando el Estado Social de Derecho y sus importantes logros, no van a destacar este tema ni en sus planes de gobierno, ni en sus campañas. Son parte de ese problema, y consecuentemente, no van a plantear propuestas de solución.

El Partido Integración Nacional (PIN), a partir de su hondo compromiso con la democracia participativa, ha impulsado de cara a las elecciones del 2022, una alianza con sectores y grupos sociales.

Hemos creído que este es el mejor camino para echar raíces en todo el territorio nacional, conocer a fondo los problemas más sentidos y sumar propuestas de solución, desde la realidad más cercana de las personas.

A partir de este serio esfuerzo, el PIN y la Alianza Multisectorial que ha impulsado y construido, ofrece soluciones concretas y viables ante los problemas del país y su gente, centradas en un triángulo equilibrado compuesto por Crecimiento Económico, Justicia Social y Protección del Ambiente, que tiene en su centro al ser humano.

Por eso no somos más de lo mismo: Nuestro papel en la Asamblea Legislativa en defensa del Estado Social de Derecho, de sus instituciones, contra más impuestos, la lucha por la salud y la CCSS, contra el préstamo del FMI, por una reactivación económica y social con rostro humano, muestra el compromiso inquebrantable con el pueblo costarricense y sus mejores tradiciones democráticas.

Asimismo, hemos de decirlo a los cuatro vientos: tenemos techo de acero en honestidad y transparencia; por lo cual nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción no son frases vacías sino garantía de acciones valientes y decididas.

Somos la esperanza para que la gente recupere la confianza y tenga el buen gobierno que se merece, eficiente y con soluciones concretas y viables, a los múltiples y graves problemas que enfrenta el país. Hemos propuesto un plan de gobierno 2022-2026 para salvar al país y para devolver la esperanza de un futuro mejor para esta alicaída nación bicentenaria.

Contextualización para la ciudadanía

Luis Fernando Astorga Gatgens, candidato a la segunda vicepresidencia de la República

La historia del siglo anterior (especialmente la que se escribe a partir de la década de los años cuarenta), nos narra que Costa Rica hizo las cosas bien, al construir un Estado Social de Derecho (ESD), que a través del trabajo de varias instituciones públicas y programas sociales contribuyó a mejorar las condiciones de vida de muchos de los habitantes del país. Aún contrariando a ciertos sectores minoritarios y privilegiados, la riqueza nacional se distribuyó mejor que antes; lo que posibilitó el avance relativo en la reducción de la pobreza y en la movilidad social.

 

El camino escogido fue el de impulsar una democracia estable, que quedó marcada en la Constitución Política de 1949 en los 25 artículos que integran el título V sobre Derechos y Garantías Individuales. Con altibajos, impulsos y detracciones, ese ESD avanzó hasta convertir al país en una nación singular en la región latinoamericana y caribeña, destacándose en sus índices de desarrollo humano y con un coeficiente de Gini que mostraba progresos en la reducción de la desigualdad social.

 

Sin embargo, ese Estado de Bienestar que se logró edificar con distintos liderazgos políticos, empezó una zigzagueante cuenta regresiva a partir de los años ochenta del siglo anterior, al entronizar políticas económicas que aunque en algunos aspectos, han contribuido a ciertos avances económicos, han sido también un factor coadyuvante en la erosión de avances sociales y en materia de derechos humanos; vistos desde una perspectiva integral.

 

En los años recientes ese ESD ha sufrido un mayor deterioro al promulgarse leyes y al asumirse compromisos internacionales, que lo han minado en forma significativa.

 

El bien común que inspira esa forma de Estado se ha sustituido por el interés individualista de pequeños grupos y de un “sálvese quien pueda” que afecta a amplios sectores de la población, que han sido empujados a la pobreza.

 

Al irrumpir la devastadora pandemia de la Covid-19 desde marzo del año 2020, la situación para el país se ha agravado como lo muestran las crudas estadísticas en incremento de la pobreza y el desempleo. Eso ha generado incertidumbre y desesperanza en un amplio sector de la población del país, que hoy ve su futuro de manera sombría. Eso también se ha estado manifestando a través de la apatía en relación con la participación política; particularmente de cara a las elecciones de 2022.

 

Lo que puede y debe asegurar un mejor futuro para Costa Rica y sus habitantes, es retomar el rumbo orientado por el ESD, que hoy debemos rescatar y reconstruir, ubicados en el amplio contexto que nos ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados por las Naciones Unidas en el año 2015.

 

Pero no sólo debemos comprometernos en rescatar el ESD sino que debemos dar un paso mayor y proclamar como camino propio y fecundo, el impulso de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Un país como Costa Rica, privilegiado con diversos recursos naturales, requiere dotarse de un conjunto de normas jurídicas que regulen las relaciones de los habitantes con la naturaleza, con el propósito de la preservación y protección del medio ambiente, para las presentes y futuras generaciones.

 

«El desafío urgente de proteger nuestra casa común —dice el Papa Francisco— incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar».

 

La evolución de los derechos relacionados con el ambiente, muestra progresos que deben quedar plasmados en normas y programas en los que Costa Rica, debe asumir un creciente liderazgo. El precepto de quien contamina paga, ya ha empezado a quedar relegado. En el presente, el principio que nos guía es el de la prevención para evitar los daños posibles y el principio de desarrollo sostenible, que se sustente en un trípode armonioso compuesto por el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental.

 

El Partido Integración Nacional es un proyecto político de más de 25 años de fundado. Su ideología es centro humanista y promueve la democracia participativa. Sus principios son el bienestar del ser humano, la solidaridad y el equilibrio social.

 

Cumpliendo con estos principios, el PIN se ha comprometido históricamente, a luchar desde toda trinchera por la reducción de la desigualdad y la pobreza, a promover una actitud de consenso y diálogo social que facilite soluciones participativas a los problemas que afectan a nuestra sociedad, y a promover el desarrollo integral mediante políticas económica, social y ambientalmente sostenibles.

 

En síntesis, tenemos un compromiso con una mejora sustancial en la calidad de vida de los costarricenses, respetando el orden Constitucional de la República y estableciendo seis áreas estratégicas del Desarrollo. Cada una de ellas incluye propuestas, acciones y políticas públicas posibles, que conformarán el marco de acción en un Gobierno del PIN durante el cuatrienio 2022-2026 y que sentarán las bases para la sociedad que queremos.

 

 

 

  1. Desarrollo del Estado

 

El Estado social de derecho costarricense está consolidado en una estructura de democracia que establece la libertad social e individual a través del cumplimiento de la Constitución política en cuanto a sus derechos y deberes lo que profundiza en que cada ciudadano costarricense tenga siempre la oportunidad de acceder a una vida digna y a la que se le respete de su participación como ciudadano ante todas las instituciones del Estado. Por lo cual el Partido Integración Nacional ubica en un ámbito de importancia al ser humano con capacidad de gestión de cambio, innovación y transformación para el bien social costarricense.

 

Tenemos un veinte por ciento de nuestra población viviendo en estado de pobreza, la manifestación masiva más evidente y clara de falta de interés de unos humanos por el bienestar de los otros. A la vez es un ejemplo de cómo las políticas de los gobiernos de los últimos 25 años han fracasado intentando solucionar esos problemas, por lo que toda política pública del Gobierno del Partido Integración Nacional, estará marcada por el cumplimiento de nuestro principal objetivo: eliminar la pobreza.

4.1.                 Estado Rector.

 

El PIN impulsará el desarrollo del país por medio de un Estado Rector que coordine las políticas en forma eficiente, impulse la Democracia Participativa y el Desarrollo Cantonal. Se dará un especial impulso a la planificación a corto y mediano plazo y la descentralización. Se integrarán diez Ministerios para la realización de Políticas de Estado y uno para la Política Exterior.

 

  • Desarrollo del Estado
  • Desarrollo Humano
  • Desarrollo Económico
  • Desarrollo Social
  • Desarrollo Ambiental
  • Educación y Cultura
  • Salud y Seguridad Social
  • Infraestructura y Transportes
  • Trabajo y Pensiones
  • Ministerio del Interior
  • Ministerio del Exterior

 

 

 

4.2.                 Despolitización de las Instituciones Autónomas, los Bancos Comerciales del Estado y la Defensoría de los Habitantes.

 

El PIN impulsará la despolitización de Instituciones Autónomas, tecnificando su accionar, logrando que brinden una atención eficiente, oportuna y humana y que logre que sus usuarios participen en la toma de decisiones en cada una de ellas. Se eliminarán las Presidencias Ejecutivas y el Gerente será la figura coordinadora, electa por concurso de atestados.

 

El PIN defenderá la permanencia del Sistema Bancario Estatal, rescatando su principal objetivo de ser un ente de servicio que apoye verdaderamente el financiamiento de la producción nacional en forma rápida y eficiente al mayor número de costarricenses.

 

Impulsaremos una reforma que permita la elección del defensor y el defensor Adjunto de los Habitantes en forma popular, para que se convierta en un representante auténtico del sentir nacional; su nombramiento será por medio de una papeleta con el voto directo del electorado. Los candidatos no podrán ser miembros activos de los partidos políticos.

4.3.                 Impulso a la Democracia Participativa

 

Se hace necesario un desarrollo de nuestra democracia, que permita hacer participar a la sociedad civil en la toma de decisiones. Por ello proponemos una evolución de una democracia representativa a una participativa, que de oportunidades a las comunidades de ser protagonistas en la toma de decisiones a la solución de sus problemas. Lo haremos mediante jornadas participativas acompañadas de comunicación y seguimiento.

 

Queremos constituir un gobierno capaz de impulsar la transformación del Estado Costarricense, que permita la modernización, la eficiencia, la honestidad y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y que sea un generador de servicios públicos de calidad.

 

El Gobierno del PIN, creará el Consejo Intersectorial, invitando a la mesa de decisiones a todos los sectores sociales y productivos que representan a la mayoría de los costarricenses, mediante metodologías participativas, acompañadas de comunicación y seguimiento, que junto al Consejo de Gobierno del PIN 2022-2026 mantendrá los aportes y definiciones de políticas públicas a partir de un ejercicio democrático participativo real.

4.4.                 Descentralización, Desarrollo Cantonal y Comunal

 

Las mediciones del Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN han permitido mapear las condiciones del desarrollo del país, evidenciando tres elementos centrales: 1. Cerca del 70% de la población se concentra en la gran área metropolitana (GAM); 2. Existe una gran brecha y desigualdad de desarrollo entre el centro del país y las costas y fronteras.  3. Las zonas de mayor riqueza y potencial de desarrollo tanto en términos de turismo, agroindustria, agrícola, industrial son las de menos desarrollo, las que enfrentan mayores niveles de pobreza.

Si bien, revertir esta situación puede tomar años, un gobierno con una visión de país, de desarrollo puede al mismo tiempo que diseña un futuro visionario puede emprender acciones que busquen focalizar esfuerzos de desarrollo para recuperar Limón, potenciar el desarrollo de Puntarenas y de la zona sur.

Apoyaremos un modelo de desarrollo cantonal para dar autonomía e identidad en los diferentes cantones en la planificación de su desarrollo, de acuerdo con sus necesidades y características propias. Impulsaremos la conformación de Juntas Cantonales para la generación de empleo, con participación de representantes de las comunidades en coordinación con delegados de las comunidades con el propósito de elaborar los planes de desarrollo de corto y mediano plazo de todos los cantones del país.

 

En alianza entre el Gobierno Central, los gobiernos locales y los Consejos Regionales de Desarrollo Territorial orientaremos los recursos existentes para implementar modelos integrales de desarrollo que pasan por: conectividad tecnológica y de infraestructura vial; turismo, recuperación de ciudades y espacios públicos al servicio de las personas, fomentar la inversión para desarrollar clusters empresariales y fomento de la educación e innovación como pilar para potenciar las capacidades del capital humano.

Estas acciones tendrán como prioridad, impulsar medidas concretas que permitan una distribución real de los recursos humanos, financieros y tecnológicos en las diferentes regiones del país.  Mediante este modelo de descentralización es posible generar un desarrollo real de las regiones y los territorios.

 

 

  1. Desarrollo Humano

 

La desigualdad que vive nuestro país, exige una transformación de la sociedad con más oportunidades para todos, una adecuada calidad de vida y con mejores seres humanos, que permitan vivir en un ambiente de cooperación y no de confrontación, humanizando la política, para ello presentamos nuestras propuestas en el campo del Desarrollo Humano con acciones dirigidas a generar oportunidades y atención prioritaria de poblaciones más vulnerables, la niñez, la mujer, la juventud, los adultos mayores, las personas con discapacitad, siempre desde el precepto de que la familia es la base de la sociedad costarricense, por eso nuestra agrupación promoverá toda acción de integración familiar, motivando la participación en la comunidad, y en el desarrollo de la sociedad.

Conscientes que los derechos humanos son básicos en el desarrollo integral de la persona, será nuestro compromiso el respeto total de los derechos humanos y fomentaremos la libertad de prensa con el propósito de que cada costarricense pueda expresar libremente su pensamiento y sentimiento en los medios de comunicación. El diálogo, negociación y compromiso con los medios será acción indispensable y permanente.

 

En términos generales buscaremos alcanzar un mejor índice de desarrollo humano, un mayor desarrollo intelectual y el respeto de todos los derechos humanos. Entre los grupos de población que en el Gobierno del PIN se atenderán de acuerdo a la integración de las instituciones dedicadas de manera aislada en la actualidad, para promover el fortalecimiento de la familia costarricense, se destacan los siguientes:

5.1.                 Infancia, juventud, tercera Edad.

 

Los programas dirigidos a la infancia en el campo educativo y formativo, de protección y de recreación será una prioridad en nuestro gobierno, para ello será transformado el PANI en un Departamento de la Infancia bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Humano (M.D.H.).

 

Impulsaremos programas de apoyo a los niños de la calle y respaldaremos la creación del Código de la niñez, para protección de los derechos del niño, aplicaremos las leyes para castigar el abuso infantil.

 

La juventud costarricense atraviesa por una etapa caracterizada por la falta de identidad y proyección hacia el futuro. Están influenciados por una gran cantidad de estímulos provenientes de los medios de comunicación, la publicidad y otros, que hacen que la juventud cambie su modo de vida y su pensamiento, aceptando costumbres que no corresponden a la realidad de nuestro país, ven frustradas sus esperanzas al observar una dirigencia con pérdida de valores, corrupción,

falta de idealismo, lo que los hace dudar de sus conductores.

Sin embargo, existe en la juventud un gran potencial que debe ser descubierto, estimulado y desarrollado, con el propósito de lograr una formación integral que de como resultado, una mejor sociedad. El PIN dará prioridad a los programas de juventud incluidos en el accionar del MDH ejecutando las siguientes acciones:

 

  • Brindar los recursos necesarios para desarrollar programas de educación académico-humanista a la juventud costarricense.
  • Apoyo económico a estudiantes de escasos recursos para la educación pública secundaria, universitaria y técnica.
  • Generación de empleo para los jóvenes profesionales y carreras técnicas.
  • Dar participación al pensamiento y sentimiento de la juventud por medio del fortalecimiento de la Asamblea Nacional de la persona joven.
  • Impulsar la formación integral del joven por medio de programas educativos en los medios de comunicación y programas de acción comunal.

 

El PIN ejecutará acciones tendientes a la defensa de la calidad de vida del adulto mayor en Costa Rica, por lo que proponemos lo siguiente:

  • Impulsar una legislación de protección al adulto mayor, teniendo como base el control del abuso físico, mental y patrimonial.
  • Creación de nuevos centros de atención integral al adulto mayor.
  • Mejorar las garantías sociales del adulto mayor.

5.2.                 Mujer y Desarrollo.

 

El PIN dará una participación activa a la mujer en la toma de decisiones y en la participación de los puestos del poder sin limitación alguna, garantizando la igualdad de condición laboral, permitiendo garantías y salarios acorde con la actividad que se realiza.

 

Apoyo a las mujeres jefes de familia, aumentando las guarderías, para que puedan ejecutar sus actividades, teniendo la seguridad y tranquilidad que sus hijos están siendo atendidos y cuidados de la mejor manera.

Prevención y castigo del abuso físico, mental y sexual de las mujeres.

Creación de la Banca de la Mujer, para dar crédito a bajo interés.

5.3.                 Atención integral a las personas con discapacidad

 

Según el Censo del año 2011, Costa Rica cuenta con 10, 53 % de personas con discapacidad dentro de la población nacional. Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), realizada por el INEC y el CONAPDIS en 2018, el porcentaje, el porcentaje de población adulta con discapacidad es de 18, 2 %.

 

En el país se han promulgado varias normas sobre derechos de las personas con discapacidad, siendo las más destacadas la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1996) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD, ONU, 2006), ratificada mediante la Ley 8661 en el año 2008.

 

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

 

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Eso mismo sucede con la CDPD que es perfectamente desconocida entre quienes deben de tomar decisiones en políticas públicas inclusivas.

 

La citada ENADIS 2018 muestra que el porcentaje de personas con discapacidad en condiciones de pobreza es mayor que el de personas sin esta condición. De esta manera, se cumple la premisa de que entre las personas pobres hay una mayor representación de personas con discapacidad. De esta manera, el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad, caracterizado por Bengt Lindqvist muestra que tienen pleno vigor.

 

Hay una serie de barreras (físicas, comunicacionales e informativas, en el transporte, en la rehabilitación, sanitarias, educativas, laborales, recreativas, deportivas, entre otras) que impiden o limitan la inclusión social de este sector de la población del país. Esto lo muestran los informes de Naciones Unidas que relatan el deficitario cumplimiento del país en materia de derechos de las personas con discapacidad y lo constata, cotidianamente, la gran mayoría de las personas con discapacidad.

 

La pervivencia de enfoques basados en la subestimación discriminante, la lástima y el asistencialismo; el hecho que lo relacionado con discapacidad se perfile más como un gasto que una inversión social y la falta de políticas inclusivas en muchos campos, generan una enorme deuda social con las personas con discapacidad.

 

Este estado de cosas se ha visto agravado por la irrupción de la pandemia de la covid-19. Se ha ampliado la situación de pobreza para muchas familias con miembros con discapacidad; la rehabilitación casi fue eliminada tanto por el cierre del CENARE como los servicios en hospitales; el ya de por sí grave desempleo se ha hecho mayor; la educación inclusiva se ha postergado formando parte de la crisis educativa que enfrenta el país; las personas con discapacidad han padecido un aislamiento mayor por la falta de accesibilidad a las TIC.

Ante este estado de cosas, se propone:

 

  • El fortalecimiento político y administrativo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para que juegue el papel rector, que coordina interinstitucionalmente la aplicación de la normativa en derechos de las personas con discapacidad, a través de políticas públicas efectivas en todos los campos.
  • El apoyo institucional necesario para que el Foro Nacional Consultivo de Personas con Discapacidad y, en general, las organizaciones de personas con discapacidad, fortalezcan su rol de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la normativa, en un marco de fortalecimiento de la democracia participativa.
  • Asegurar la importancia y el valor de la rehabilitación de las personas con discapacidad, restableciendo la CCSS el funcionamiento pleno del CENARE y los servicios que ofrecen los hospitales del país.
  • Impulso de políticas y acciones para asegurar el avance de la educación inclusiva y de calidad, al tenor de lo fijado por el artículo 14 de la Ley 7600 y 24 de la CDPD; así como el acceso adecuado de la formación técnica para las personas con discapacidad, por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
  • Realizar esfuerzos efectivos y medibles en la aplicación de la Ley 8862, que reserva al menos un 5 % de puestos para personas con discapacidad en sector público.
  • Apoyo efectivo a personas con discapacidad y a familias con miembros con discapacidad, para el desarrollo de emprendimientos productivos, que aseguren un empleo digno y respaldo para la conformación de cooperativas de personas con discapacidad, que puedan desarrollase mediante encadenamientos productivos.
  • Dotar de un ingreso básico a familias de personas con discapacidad, bajo condiciones de pobreza y que no cuenten con opciones inmediatas de inclusión laboral.
  • Avanzar en la implementación del cumplimiento de la normativa en transporte público accesible, que incluye autobuses de ruta, taxis y tren.
  • Priorizar a familias con miembros con discapacidad para dotarlas de dispositivos e Internet, para asegurar la inclusión digital y superar las condiciones de aislamiento social.
  • Apoyar a familias con miembros con discapacidad para que accedan a una vivienda digna y con condiciones de accesibilidad física, cuando sea requerido.
  • Crear las condiciones adecuadas para el acceso efectivo, a la recreación, el ocio y el deporte para las personas con discapacidad.
  • Coordinación efectiva y apoyo a las municipalidades para asegurar la accesibilidad en todos los cantones.

5.4.                 La persona indígena

 

En el país habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y Chorotega, que constituyen un 2,4% de la población total.

 

Esta población que corresponde a un poco más de 100.000 habitantes, cuenta con una serie de problemas que merecen ser atendidos primero que nada, respetando su cultura y sus características particulares, pero sobre todo, conscientes de que su gran legado ha sido, es y será trascendental en el crecimiento de una sociedad costarricense con la consciencia y el valor de los primeros habitantes de nuestro país, y cuyos hábitos y costumbres forman parte de nuestra identidad.

 

En un país donde cerca de un 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza, en el caso de los pueblos indígenas, este porcentaje alcanza cifras alarmantes: Cabécar 94,3; Ngäbe 87,0; Bröran 85,0; Bribri 70,8; Brunka 60,7; Maleku 44,3; Chorotega 35,5 y Huetar 34,2.

 

A partir de la Ley Indígena de 1977 y desde la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en 1973, se ha logrado empezar a establecer algunos elementos en su beneficio. Es a través de la Mesa Nacional Indígena que se dan las principales participaciones del sector en la política pública de nuestro país.

 

Para ser atendidos sus principales problemas, podemos mencionar algunas de las acciones que varios de estos grupos mencionan:

 

  • Establecer un mecanismo de fiscalización rigurosa con respecto a los fondos de FONAFIFO que reciben los territorios Indígenas.
  • Velar por el cumplimiento del decreto Ejecutivo 37801, REFORMA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN INDIGENA.
  • Atender los posibles actos de corrupción por parte del departamento de Educación Indígena.
  • Reforma de la malla curricular de los territorios indígenas.
  • Disponibilidad de servicios médicos oportunos, con EBAIS que cuenten con su doctor en jornada continua y fija.
  • Respetar la ley indígena en cuanto a la posesión de tierras por parte de no indígenas.
  • Reforma a la ley de DINADECO y presionar para que fiscalice los procesos de asambleas dentro de los territorios indígenas.
  • Acceso a la tecnología específicamente Internet en toda la comunidad.
  • Creación de fuentes de empleo mediante planes de emprendimiento en alianza con Universidades y entidades que ya trabajan planes en esta línea, por ejemplo la Universidad Magister y la Universidad de Costa Rica.
  • Reformar el papel que cumple el IMAS en territorios Indígenas.
  • Creación de diferentes órganos como las brigadas, seguridad social independiente de las ADII.
  • Construcción de centros de formación dentro de los territorios.
  • Desarrollo del turismo indígena como fuente de crecimiento tanto de los turistas como de los indígenas al generar fuentes de trabajo.

 

 

  1. Desarrollo Social

6.1.                 La CCSS y sus 80 años como pilar de la democracia.

 

La sociedad costarricense tiene un antes y un después de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Desde su creación ha sido un eje fundamental del Estado Social de Derecho de todos los costarricenses y hoy, siendo una de las entidades más grandes de Centroamérica, se está viendo en peligro su funcionalidad debido a malas decisiones y a fuerzas tanto internas como externas que pretenden únicamente velar por sus intereses y no los del bien común.

 

En una sindemia como la que estamos viviendo, a causa del aparecimiento del Sars Cov-2, en medio de una sociedad desigual en la que una gran parte de la población ya estaba en pobreza y el mal manejo económico por parte del gobierno saliente acrecentó, se vuelve vital para la Salud de todos los costarricenses un Gobierno de Verdad, que le devuelva a la CCSS la fortaleza del sistema solidario, y que tenga además la capacidad de satisfacer de una manera estandarizada pero basada en la atención personalizada de cada uno de los costarricenses.  La mejor calidad de vida durante la mayor cantidad de tiempo posible, integrando programas de medicina preventiva de primer mundo, con todos los servicios de medicina curativa también de primer mundo que la CCSS es capaz de dar a partir de la buena administración de los recursos que sabiamente se han establecido desde su creación.

 

En esta dirección, el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin lesionar intereses de los trabajadores, es esencial y obligatorio, no sólo por los logros en salud que nuestro país muestra al mundo, aún con las falencias conocidas, sino porque la Caja es una institución emblemática. La salud y la seguridad social son dos caras determinantes del bienestar personal, familiar, social y de la paz que vivimos y por eso se plantean una serie de medidas concretas a tomar en un Gobierno del PIN.

  • Formular un Plan Nacional de Seguridad Social que establezca las políticas nacionales de salud y seguridad económica de corto y mediano plazo realmente integradas con prevención atención y rehabilitación a toda la población costarricense.
  • Modificar la composición de la Junta Directiva de la CCSS incluyendo la participación de los asegurados, únicos dueños de la institución, de acuerdo con lo declarado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
  • Eliminación de la Gerencia General por duplicidad de funciones de la Presidencia Ejecutiva sin haber sido modificada la ley constitutiva de la CCSS.
  • Eliminación de la Gerencia de Logística cuyas funciones no están claramente la ley constitutiva de la CCSS, generando duplicidad de funciones en general.
  • Impulsar un proyecto de Ley para la inversión de Fondos de Pensiones en la construcción de Infraestructura Pública con mayor rentabilidad y seguridad al IVM.
  • Impulsar un Proyecto de Ley para que la recaudación parcial de algunos peajes pueda ser destinada a fortalecer los regímenes de la CCSS.
  • Traslado por decreto ejecutivo del régimen de Riesgos del Trabajo con el propósito de garantizar recursos y una atención integral a los asegurados.
  • Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS, facilitar acuerdos de moratoria con trabajadores independientes y pequeños empresarios con el propósito de que les permita continuar en la formalidad y seguir fortaleciendo con sus cuotas ambos regímenes.
  • Fortalecer la atención primaria preventiva en todos los EBAIS con el propósito de evitar la saturación de clínicas y hospitales.
  • Elaborar un plan a corto y mediano plazo que permita la formación del recurso humano necesario para la atención más oportuna y eficiente de los asegurados.
  • Aprovechar la infraestructura de clínicas y hospitales para lograr establecer tres turnos de atención que reduzcan los tiempos de espera en procedimientos y cirugías.
  • Solicitar a las autoridades de la CCSS el análisis de la seguridad y la confidencialidad del expediente EDUS y las modificaciones para lograr el máximo aprovechamiento de esta herramienta tecnológica.
  • Proponer la creación de una Comisión con miembros de la CCSS y el Poder Ejecutivo para analizar los mecanismos que permitan resolver la cancelación de la deuda total del Estado con la institución a la mayor brevedad posible.
  • Solicitar a la Contraloría General de la República, un informe completo de los actos de corrupción que han incidido en las finanzas de la institución y las recomendaciones para lograr un mejor control del manejo administrativo y financiero.
  • Solicitar a la Contraloría General de la República un análisis de todas las compras realizadas durante la pandemia y un criterio técnico sobre la oportunidad y transparencia de esas compras.
  • Instar la separación de la Dirección Actuarial de la Presidencia Ejecutiva y convertirla en un ente independiente que pueda informar a los asegurados de la situación real de los regímenes de la CCSS sin presiones administrativas.
  • Reducir la deuda política del Estado en un 25% y destinar esos recursos al fortalecimiento de ambos regímenes al menos por 4 elecciones.
  • Fortalecer la Comisión de Inversiones y contratar una auditoría externa para determinar el estado real de las inversiones de la CCSS.

 

 

 

6.2.                 Educación y Cultura

 

El sistema educativo costarricense   experimenta actualmente la mayor crisis en toda su historia derivada de las deficiencias acumuladas de los últimos años y de los impactos económicos y sociales generados por la pandemia del covid-19. Según el octavo Informe del Estado de la Educación 2021, del Consejo Nacional de Rectores, la crisis educativa actual es la peor en varias décadas.  De igual forma dicho informe señala que la pandemia aumentó la vulnerabilidad de la población estudiantil en situación de desventaja socioeconómica y con limitado acceso a conectividad y recursos tecnológicos, además afectó a estudiantes en condiciones de discapacidad y con barreras de aprendizaje, cuya situación fue especialmente delicada en cuanto al cumplimiento de su derecho a la educación.

Sin embargo, los retrocesos educativos no pueden achacarse a la disrupción creada por la pandemia toda vez que en los últimos cuatro años ocurrieron interrupciones significativas de los ciclos lectivos tanto a nivel preescolar, primaria y secundaria que indudablemente han afectado de manera negativa los aprendizajes estudiantiles.

La necesidad de competir en un mundo globalizado, exige que la educación y la cultura sean dos caras de una misma moneda, y que logren una transformación urgente del sistema educativo-cultural, representados en el Ministerio de Educación y Cultura.

 

Proponemos una transformación urgente e integral del sistema educativo costarricense, bien planificada sustentada en la realidad y en las necesidades nacionales, cuyo objetivo principal es lograr una formación Académica-Humanista que modifique el actual sistema educativo que permita desarrollar mejores costarricenses comprometidos con el futuro del país.  Para ello se contemplan los siguientes aspectos:

  • Preparación académica sustentada en valores cívicos y morales, basando las metas presupuestarias en fortalecer las competencias de los maestros y profesores. Este es el Ejercito Educativo que tiene Costa Rica y es el principal capital humano que debemos fortalecer.
  • Destinar los recursos necesarios para dotar a los docentes y alumnos de los elementos tecnológicos necesarios para lograr el proceso enseñanza aprendizaje de la manera adecuada y por ende, enfocarse en el cierre de la brecha digital actual.
  • Universalización de la educación preescolar
  • Formación Académica -Humanista.
  • Apoyo a la transformación pedagógica, aprendizaje activo y centrado en el estudiante, reformas curriculares, desarrollo de habilidades siglo XXI.
  • Infraestructura de calidad para el Desarrollo de la Educación en todas sus modalidades.
  • Aumento de la Cobertura de la Educación Costarricense.
  • Apoyo del proyecto denominado Red Educativa del Bicentenario
  • Desarrollo de mecanismos de articulación entre Sutel/Fonatel y el MEP para atender las necesidades del sistema educativo
  • Aplicación de la ley N° 9871 para mejorar los procesos de selección y contratación de personal docente.
  • Apoyo a la estrategia denominada Alianza para el Bilingüismo (ABI).
  • Capacitación permanente de los Docentes.
  • Desarrollo del uso de competencias digitales para aprovechar las TIC y los componentes virtuales con fines educativos.
  • Compromiso con la renovación de los modelos pedagógicos y de gestión universitaria
  • Compromiso con el mejoramiento del sistema educativo en lo relacionado con la cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, desarrollo profesional docente, evaluación de los aprendizajes
  • Fortalecimiento de la competencia lectora de los estudiantes para mejorar los aprendizajes
  • Preparación y Estímulo del Estudiante.
  • Fortalecimiento de la Educación Técnica.
  • Ampliar la cobertura de los servicios bibliotecarios escolares, especialmente en las zonas fuera de la Gran Área Metropolitana.
  • Apoyo a los procesos de diseño, elaboración y selección de materiales educativos modernos propios para docentes, estudiantes y sus familias.
  • Apoyo para que los centros educativos puedan ofrecer igualdad de oportunidades en el aprendizaje para toda la población estudiantil.
  • Promoción de textos y recursos electrónicos de fácil acceso a todos los estudiantes del sistema educativo nacional.
  • Apoyo al proceso de acreditación del 100% de las carreras de educación que se ofrecen en la universidades públicas y privadas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES.)
  • Reducción de las brechas de acceso a la educación superior
  • Apoyo y Regulación de la Educación Universitaria.
  • Desarrollo Integral de la Educación y la Cultura que el país requiere para el Siglo XXI.
  • Participación directa de los educadores en las organizaciones de toma de decisiones bajo CONESUP.

 

Por su parte, la cultura costarricense tiene dentro de sus características, elementos que le dan una riqueza particular, al ser producto de la cultura precolombina de nuestros antepasados, y mezclada con la cultura europea de la época de la conquista. Posteriormente enriquecida con la cultura afrocaribeña y con influencias asiáticas.

Todo esto, junto a una serie de elementos influenciados por el desarrollo del sector agroexportador, termina generando una nutrida generación de elementos culturales en todas sus diferentes manifestaciones. Pero lo más importante es que el ser humano, en su desarrollo integral, podrá siempre desarrollar de una mejor manera su capacidad de vivir en sociedad y de aspirar al mayor bien común, entre más y mejor desarrollado estén sus capacidades, sin distingo de ninguna raza, color, religión, ni ningún tipo de discriminación.

El ser humano culto, será siempre un ser humano con un desarrollo de la ética y de la estética que le permitirá sensibilizarse de una mejor manera hacia el respeto a los demás, que le permitirá desarrollar mejor sus capacidades sensoriales y que le permitirá tener un mejor equilibrio personal. El Gobierno del PIN está completamente comprometido con el sector Cultural Costarricense y lo deja plasmado en este documento mediante la realización de las siguientes acciones puntuales:

  • Fomentar la creación de asociaciones culturales legalmente inscritas con el objetivo de lograr la participación de agrupaciones artísticas en actividades que contemplen pago por servicios y que así se amplíe la participación de colectivos culturales en actividades públicas.
  • Fomentar la construcción de teatros provinciales en Cartago y Guanacaste, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y el aumento de propuestas artístico-culturales dentro de las regiones antes indicadas.
  • Promover la enseñanza de la danza folklórica costarricense en los centros de enseñanza formal.
  • Fomentar la creación de Casas de la Cultura autogestionables en los cantones.
  • Consolidar programas que busquen la aceleración de ecosistemas de incubación de industrias creativas.
  • Generación de alianzas que fomenten la comercialización de productos artesanales y la proyección de emprendimientos a nivel nacional e internacional a través de la innovación y la promoción de la identidad costarricense.
  • Promover la exportación del diseño nacional y el posicionamiento de marcas que fomenten la identidad costarricense a través de sus obras.
  • Creación de la Comisión Nacional de Lectura, misma que consolidará la lectura como una plataforma de aprendizaje, así como la promoción de la producción editorial costarricense.
  • Construcción de un plan para promover la visita de nacionales a museos costarricense
  • Apoyar la realización de ferias cantonales que permitan la identificación y la promoción de artistas locales.
  • Generar estrategias de trabajo en conjunto que permitan a los trabajadores del arte hacer uso de teatros nacionales a bajo costo.
  • Extensión del proyecto Centros Cívicos por la Paz en cantones rurales y con altos niveles de criminalidad.
  • Promover un papel protagónico para el Sistema Nacional de Bibliotecas y una ampliación de su labor comunitaria.
  • Promover la conversión de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Teatro en entidades con incidencia local, esto con el objetivo de que, con la ampliación de su alcance y con la modificación de su malla curricular, se logre la formación de profesionales integrales dentro del sector artístico costarricense.
  • Inversión de recursos en los programas dirigidos a niños y jóvenes que busquen su incorporación dentro de los proyectos del Sistema Nacional de Educación Musical-SINEM.
  • Apertura de escuelas de música en poblaciones de alto riesgo a través de enlaces con los Centros Cívicos por la Paz y Casas de la Cultura de cada cantón, mismas que busquen la mejora de los entornos familiares.
  • Generar una oferta artística dirigida a poblaciones con discapacidad y adultos mayores, mismas que permitan una sana convivencia y formación educativa y social.
  • Ampliar el alcance de los fondos concursables nacionales y promover la creación de fondos concursables cantonales que permitan la construcción de propuestas artísticas desde la colectividad, además de generar procesos de asesoría y acompañamiento en los ya existentes.
  • Promover la enseñanza técnica del arte a través de estrategias conjuntas entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación- Dirección de Educación Técnica.
  • Impulsar un régimen especial de aseguramiento para los trabajadores del arte y la cultura a través de un trabajo sinérgico con la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • Promover la creación de medios de comunicación locales que permitan al sector cultural tener una plataforma de promoción de sus obras enlazados con la comunidad.
  • Propiciar un posicionamiento real del SINART en su papel de gestores y divulgadores de la cultura y arte costarricense.
  • Promover el rescate del ICER como eje de la elaboración de contenidos audiovisuales para la transmisión de educación y cultura a través de los diferentes medios de comunicación disponibles.
  • Generar, en conjunto con el ICT, campañas de promoción del arte y el turismo cultural local, mismo que propicie la internacionalización de la cultura costarricense.
  • Crear un fondo de apoyo para organizaciones legalmente inscritas que representen al país en eventos oficiales a nivel internacional.
  • Actualizar la legislación referente al Patrimonio Cultural.

6.3.                 Fortalecimiento del Deporte.

 

El Deporte es una prioridad para el PIN y su propuesta, está asociada directamente a la expresión cultural de bienestar, atravesado por prácticas, costumbres y rituales cotidianos que nos acercan a los beneficios de la recreación y el deporte.

 

Por lo tanto, se reforzarán las estructuras, mecanismos e instituciones que promuevan el deporte y la recreación como ejes transversales en una política de salud; articulada con la política de soberanía alimentaria y la reforma educativa, de manera que se asegure una alimentación saludable y propia comprendiendo los alcances positivos que tiene practicar, educarse y participar activamente del deporte y la recreación desde esferas comunales y etarias.

 

Acciones:

 

  • Fomentaremos el deporte y la recreación, por medio del Instituto Costarricense del Deporte, dedicado a la promoción y al desarrollo de la práctica de los diferentes tipos de deporte, desde la infancia, recibiendo el estímulo económico y de capacitación.
  • Consolidar una estructura de ídolos deportivos en diferentes disciplinas, que sean referentes de una vida de bienestar saludable y de remuneración profesional.
  • Equiparar las remuneraciones entre hombres y mujeres, de las disciplinas deportivas.
  • Potenciar el paisaje natural costarricense como un punto de atracción para inversiones recreativas.
  • Impulsaremos el proyecto de creación de centros de alto rendimiento en todas las provincias y cabeceras de cantón en una etapa inicial , esto para fortalecer esos actores sociales como lo son las jóvenes promesas del deporte en disciplinas convencionales como no convencionales.
  • Por su capacidad de ser instrumentos de empatía seguridad social y refuerzo cognitivo se plantea que en las escuelas y colegios se puedan escoger distintas disciplinas de artes marciales como karate y Judo que están siendo consideradas las mejores artes para niños y jóvenes en temas de expresión social disciplina y desarrollo cognitivo

 

 

 

6.4.                 Ciencia y Tecnología.

 

La sociedad deberá descubrir el modo de utilizar el poder de la ciencia y la tecnología para satisfacer las demandas planteadas sin agotar los recursos existentes. La explosión tecnológica está teniendo lugar en las sociedades avanzadas, siendo indispensable para Costa Rica, iniciar un

proceso de incorporación real de tecnología a la producción nacional.

 

El PIN apoyará la inversión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, estimulando la investigación en las diferentes disciplinas, brindándoles todos los recursos para su implementación. En Costa Rica la ciencia y la tecnología está conformada por infraestructura e instalaciones científicas y tecnológicas, pero también la variedad de políticas, proyectos y programas desarrollados por el Ministerio de Ciencia, tecnología y telecomunicaciones, aun así, hace falta mucho más compromiso, y voluntad política

 

Tenemos talento humano que ha competido, sí lo queremos ver así, con potencias mundiales demostrando que bajo las condiciones adecuadas podemos desarrollar capacidades de  alto nivel, por esto, es de suma importancia unir esfuerzos con los diferentes clústers de innovación y de fomento de start ups, para desarrollar y relanzar aún más nuestro talento humano. El INA deberá jugar un papel importante junto a los Colegios Técnicos y Científicos. En resumen estas son algunas de nuestras propuestas:

 

  • Promoveremos desde las bases educativas una currícula orientada a la familiarización y gusto por la ciencia y tecnología con participación activa principalmente de la mujer y con una propuesta pedagógica basada en la educación STEAM por sus siglas en inglés (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) con un enfoque de resolución de problemas.
  • Desarrollaremos una red integrada de acceso efectivo al internet con cobertura de fibra óptica. Dando énfasis en las zonas rurales
  • Generar alianzas con DINADECO para que se integren (CECTEC) centros equipados de Ciencia y Tecnologías articulados con las asociaciones de desarrollo comunal, institutos y escuelas.
  • Promover alianzas público privadas para potenciar los CECTEC comunales.
  • Se debe Reformar y mejorar la gobernanza pública del sistema de Ciencia y Tecnología
  • Es urgente fortalecer las bases de recursos humanos en las Instituciones.
  • Hacer un Reforzamiento de la contribución de las instituciones a los procesos tecnológicos.
  • Promoveremos que en cada Zona Económica Especial exista un centro de innovación tecnológica especializado en Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, articulado a un eje transversal de economía naranja como política de desarrollo
  • Hay que colocar y relanzar a las empresas en el corazón de un sistema eficaz de innovación
  • Se requiere una visión de largo plazo de una Costa Rica próspera, equitativa, incluyente y sustentable e insertada en la globalidad.
  • Mediante el Plan de Cooperación Internacional el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología incluirá un proyecto decidido de intercambio de buenas prácticas.

6.5.                 Vivienda digna

 

Si bien la atención del déficit habitacional sigue siendo un desafío para garantizar el derechos de las personas a una vivienda digna, también es necesario atender la necesidad de miles de familias costarricense que habitan en viviendas en condiciones deplorables, por lo que se hace necesario potenciar programas dirigidos a la gestión de vivienda de bien social pero también para atender las mejoras necesarias de aquellas que han tenido acceso a la misma.  También es importante promover programas de acceso a la clase de media.

 

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

 

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.

6.6.                 Justicia

 

Con base en la situación de la Justicia costarricense, el Gobierno del PIN estará basado en los siguientes elementos:

Convocar a los tres poderes de la República, con la academia y organizaciones no gubernamentales concernientes como observadores, para impulsar una Reforma Integral al Poder Judicial que contemple:

  • Fin al nombramiento político de las magistraturas. (Urgencia Máxima)
  • Salida del Ministerio Público del Poder Judicial.
  • Salida de la Defensa Pública del Poder Judicial.
  • Jurisdicción Especializada contra el crimen organizado (Urgencia máxima).
  • Autofinanciamiento de la Jurisdicción de Cobro y reformas para agilizar.
  • Plan integral contra la saturación de la Jurisdicción de Pensiones Alimentarias. (Urgencia máxima)
  • Proponer Ley Integral de Ejecución de la Pena que erradique el abuso de la prisión preventiva, ataque el hacinamiento penitenciario e incentivos para los sentenciados no violentos, para que trabajen sembrando lo que se comen, manteniendo y construyendo la infraestructura penitenciaria (Urgencia máxima)
  • Reforma constitucional para corregir la confesionalidad del Estado.
  • Aumentar a 15 años el plazo de prescripción en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado.

6.7.                 Seguridad Ciudadana

 

La Seguridad Ciudadana es uno de los mayores problemas que aqueja al país por lo cual en el Gobierno del PIN se abordará con la urgencia que se requiere a partir de:

 

  • Decretar emergencia nacional en seguridad
  • Blindar fronteras terrestres con multiplicación de los agentes de fronteras e insumos correlativos para el despliegue reforzado de su labor.
  • Instalación estratégica de radares terrestres que prevengan y aseguren el ingreso controlado a nuestro territorio no solo terrestres sino marítimo y espacio aéreo. Sumando tal insumo al patrullaje conjunto y accionar coordinado con otras naciones, contra el crimen organizado.
  • Reforzar la seguridad en parques nacionales fronterizos o con acceso marítimo.
  • Incremento salarial dignificante de los cuerpos policiales, como correlato de incremento en las sanciones administrativas y penas por corrupción.
  • Revisión integral y urgente de los refugios concedidos y vigentes a la fecha, así como de cualquier otra condición migratoria que en los últimos años pueda estar permitiendo que en Costa Rica permanezcan personas con antecedentes penales indeseados. Todo bajo un nuevo principio: “bienvenidos, pero bajo nuestras reglas”.
  • Mejora de la seguridad vial y eliminación de las principales amenazas presentes en la infraestructura vial.
  • Discusión nacional sobre la inteligencia artificial y el despoder de las redes sociales en punto a la seguridad personal y la autodeterminación informativa como derecho humano fundamental.
  • Convocar discusión regional sobre drogas que reconsidere el abordaje del narcotráfico como problema geopolítico, y de salud tanto como securitario.
  • Enfoque de la DIS a una verdadera inteligencia de Estado para detectar el lavado y el sicariato, así como detectar infiltraciones del narcotráfico en los poderes públicos y la banca, así como en los partidos políticos, incluida la presencia en Costa Rica de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o cualquier prófugo o indiciado peligrosos. Así como enfocar en contrainteligencia anticorrupción en las juntas directivas de instituciones públicas y bancos, entre otros.
  • Regulación del Lobby.
  • Recuperación de las aduanas hasta someterlas a control mediante trazabilidad y transparencia, penalizando según hallazgos.
  • Megacomisión Legislativa Mixta que dictamine y adicione recomendaciones en punto al Narcotráfico y Lavado en Costa Rica, y analice las colusiones presentes en casos como Aldesa, Cementazo, Yamber, Bancrédito, Cooperativas, Alunasa, etc. Así como los conflictos de interés presentes entre las directivas de la banca pública y la privada.
  • Reequilibrio de las asignaciones de recursos obtenidos de la lucha contra el crimen organizado (incluido narcotráfico, lavado y corrupción), redistribuyendo así:
    • 20% Policía de Control de Drogas
    • 15% Policía de Fronteras
    • 10% Guardia Costera
    • 10% ICD
    • 10% IAFA (prevención)
    • 15 % Fiscalía especializada
    • 10% Jurisdicción especializada
    • 10% CCSS (cura)

 

 

  • Desarrollo Económico

7.1.                 Hacia el equilibrio en las finanzas públicas.

 

De acuerdo a la CEPAL, el COVID 19 aceleró el deterioro de las finanzas públicas, el déficit financiero del gobierno central cerró en un 8,1% del PIB (en comparación con un 6,7% en 2019) lo cual se produjo principalmente por la caída de los ingresos como consecuencia de la menor actividad económica y la moratoria temporal del pago de impuestos. “Como resultado del mayor déficit fiscal y de la contracción de la actividad económica, la deuda del sector público global y del gobierno central al cierre de 2020 representó un 83,2% y un 67,5% del PIB, respectivamente, cifras que superan en 11,4 y 10,9 puntos porcentuales, respectivamente, la registrada al cierre de 2019. Estos coeficientes son los más altos desde el inicio de la década de 1980.” Fuente: Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2021 CEPAL.

 

 

La información presentada por CEPAL en el documento ¨Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe¨, del cual se extrae el gráfico anterior, nos coloca en un muy preocupante tercer lugar en el indicador de deuda pública respecto a PIB, pese a haber aumentado la carga impositiva sobre empresas y ciudadanos, el endeudamiento de nuestro Estado sigue creciendo peligrosamente.

En ese sentido, una de las principales problemáticas de nuestro país en la actualidad es el déficit fiscal, que si bien genera un grave problema económico, también tiene un fuerte impacto en el debilitamiento del rol del Estado como redistribuidor de ingresos y prestador de servicios públicos de calidad.

 

La necesaria reforma del Estado costarricense y el reto de convertirlo en un moderno Estado Rector, democrático y participativo (no sólo representativo), eficiente y transparente, inclusivo y solidario, pasa por un manejo responsable de las finanzas públicas, capaz de combatir con contundencia la evasión y la elusión y el contrabando.

 

La Contraloría General de la República en múltiples informes, recomienda aplicar medidas para construir una sana hacienda pública a través del fortalecimiento, simplificación y ajustes del sistema tributario a la estructura actual de la economía, tales como, mejorar la recaudación de los más de 100 impuestos que ya existen y disminuir la evasión fiscal interna y aduanera.

 

Pero además el crecimiento en la partida de pago de intereses carcome los esfuerzos por limitar el crecimiento de la deuda. Pese al canje que se realiza desde el Ministerio de Hacienda, la carga de intereses de la deuda continúa aumentando, por eso consideramos importante realizar una Auditoría de la Deuda Pública que permita contar con los elementos necesarios para su renegociación integral en mejores condiciones.

 

Otro aspecto medular en la pérdida de recursos públicos es la corrupción. Es deber del Estado modernizar y priorizar los controles y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Todas las instituciones deben transparentar sus contrataciones a través de un único sistema, SICOP. Pero el sistema debe garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información de dichas compras y generar alertas cuando los procesos de contratación no tengan un comportamiento transparente y razonable en cuanto a los plazos por los que se abre una contratación y los requerimientos que exige un cartel.

 

Finalmente, nuestro Estado debe ser eficiente responsable en el manejo de los recursos públicos, no se pueden generar nuevos programas o instituciones, si éstas implican financiar el gasto asociado con endeudamiento. Se deben operacionalizar los planes nacionales de desarrollo a todos los niveles, promover la elaboración de presupuestos por objetivos y por resultados en todas las instituciones públicas, y promover la integración y articulación del trabajo que realizan diversas instituciones públicas, buscando erradicar la duplicidad de funciones.

 

 

7.2.                 Recuperación económica y reactivación de la producción nacional.

 

Costa Rica cuenta con suficiente institucionalidad y legislación para promover la inversión nacional y extranjera, sin embargo, una serie de factores, entre ellos la desidia de los gobiernos de turno junto con la corrupción y la impunidad ha impedido que el desarrollo asociado a la inversión, haya sido aprovechado de la mejor manera. Pese a contar con regímenes especiales como los de Zona Franca y Parque Industrial, no se ha logrado el encadenamiento necesario para que nuestra economía despegue y más empresarios y ciudadanos se beneficien de ellos.

 

El exceso de trámites, la inseguridad ciudadana y jurídica en el tema impositivo fundamentalmente, la informalidad, la falta de infraestructura pública apropiada, la escasez de personal calificado, entre otros factores, deben ser superados para que más empresarios consideren invertir en Limón, Guanacaste y Puntarenas y más costarricenses puedan ofrecerles sus productos y servicios y generar así un mayor bienestar y riqueza para estas regiones.

Para el sector empresarial establecemos las siguientes acciones:

 

  1. Reducir la tramitología y la burocracia
  2. Tomar las acciones necesarias para proveer innovación educativa oportuna y de calidad, que permita rápidamente generar las habilidades y capacidades que las comunidades requieran y que los empresarios identifiquen como oportunidades para el desarrollo económico y social. Con el afán de evitar ciclos de pobreza y mano de obra por debajo de las garantías sociales.
  3. Facilitar el acceso al financiamiento empresarial y productivo liberando de una manera controlada y estandarizada los recursos del S.B.D.
  4. Diseñar junto con las organizaciones locales los incentivos necesarios para hacer más atractiva la inversión rural
  5. Promover las alianzas público-privadas
  6. Pero sobre todo comprometemos a NO castigar con más impuestos al pueblo y a los empresarios honestos, seremos consecuentes en la lucha contra los evasores,
  7. Proponemos modelos de participación social activa que garanticen el engranaje de los requerimientos locales con los diseños del desarrollo empresarial
  8. Se propone la simplificación, en cuanto al cobro y recaudación de impuestos, para las grandes empresas y se propone el traslado de la utilización del concepto de renta global a dichas empresas.
  9. Con respecto a las MIPYMES y cuentapropistas se plantea un régimen especial con alivio de impuestos en los primeros años.
  10. Se plantea una plataforma organizada y coordinada de las instituciones encargadas de fortalecer y consolidar la pequeña y mediana empresa así como los cuentapropista para consolidar modelos de exportación agrupados encadenados o con apalancamiento productivo a través de la diagramación regional de Clusters socio productivos por sectores.
  11. Todo esto es clave mediante la inversión pública del Estado, en infraestructura, salud espacio público, educación, cultura, deporte y una especial atención a la Red de cuido en instancias comunales, para fortalecer la instancia inserción del mercado de la mujer costarricense

7.3.                 El Derecho al empleo para la superación de los ciclos de pobreza.

 

Hoy en día, muchas familias costarricenses, viven la angustia de terminar el día sabiendo que sus ingresos no alcanzarán para satisfacer sus necesidades de consumo familiar, cumplir con las obligaciones financieras adquiridas y mucho menos para generar un ahorro que les permita enfrentar emergencias o construir un modesto patrimonio familiar. Esa es la realidad palpable en decenas de estudios y diagnósticos, pero más importante aún en el pesimismo del pueblo.

 

El desempleo, el subempleo y el empleo informal, afecta desde hace mucho tiempo a una cantidad alarmante de hogares y desvanecen las esperanzas de un futuro mejor, mientras reducen las posibilidades de obtener una pensión digna al finalizar la vida laboral, si es que esta tiene fin y no sucede como a los vendedores de lotería a quienes la Junta de Protección Social les ¨garantiza¨ una pensión de entre 80.000 y 130.000 colones a los 78 años.

 

Tenemos miles de adultos mayores sin derecho a una pensión y a expensas de que el gobierno les permita ingresar al Régimen No Contributivo de Pensiones para recibir 84.000 colones por mes. Estos ejemplos, entre otros, son consecuencia de la ausencia por décadas, de una política de desarrollo económico integral, en incumplimiento del Artículo 50 de nuestra Constitución Política: ¨El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.¨

 

El Artículo 56 indica por su parte: ¨El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.¨

Es evidente que el Estado tiene una deuda con los costarricenses en cuanto al establecimiento de las condiciones mínimas que los emprendedores y las empresas necesitan para cumplir su rol de crear riqueza y empleo. El Gobierno del PIN se compromete a cumplir la Carta Magna y garantizar el derecho al trabajo a través de las siguientes acciones, entre otras:

7.4.                 Impulso al desarrollo territorial

 

Creemos en el poder de los territorios para diseñar su propio desarrollo, principalmente en las zonas rurales que sufren los peores indicadores de empleo e ingreso. Las organizaciones locales pueden identificar mejor las capacidades instaladas, los retos y las oportunidades de generación de empleo en cada cantón del país, por tanto deben tener incidencia en el diseño de las políticas públicas locales y en los requerimientos para alcanzar un desarrollo integral.

 

En este sentido, proponemos la creación de las Juntas Cantonales para Generación de Empleo, como una organización mixta donde confluyen las instituciones públicas, las organizaciones comunales y de la sociedad civil, políticas, sociales y empresariales de cada cantón y cuyas recomendaciones en la búsqueda del desarrollo local puedan ser escuchadas por los Concejos Municipales y atendidas por el Estado en general.

7.5.                 Acceso a financiamiento para el emprendimiento, la capacitación técnica y la producción nacional.

 

El impulso del sector productivo nacional que promovemos pasa por un acceso real a financiamiento de bajo costo. Hay recursos, recursos que hoy en día terminan en manos de un Estado deficitario, de lo cual hablaremos más adelante. Los dos Bancos Comerciales de Estado que quedan, el Banco Popular, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)y sus operadores, CONAPE, acumulan recursos que no llegan a los y las emprendedoras, ni a pequeños y medianos empresarios.

 

Por su parte el CONASSIF castiga a los deudores productivos que han fallado en sus obligaciones y los condenan a financiar nuevos proyectos a muy altos costos, a veces fuera del sistema regulado y esa situación debe cambiar. Promoveremos la flexibilización de la calificación crediticia y el aporte de garantías mediante avales y fondos de capital de riesgo que permitan mejores oportunidades de financiamiento para MIPYMES. La flexibilización de los requerimientos del CONASSIF para crear Fondos de Inversión de Capital Productivo también será del interés de nuestra gestión. Actividades sostenibles como el agro, la pesca y el turismo, tendrán condiciones preferenciales para la obtención de recursos financieros y tecnológicos.

7.6.                 Reducción del costo de la vida

 

La Constitución Política en su Artículo 46 prohíbe ¨los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria¨, sin embargo los estudios económicos demuestran que tenemos mercados poco competitivos en temas tan sensibles como medicamentos, insumos agropecuarios y comisiones de datafonos y servicios financieros como el descuento de facturas, por poner ejemplos donde los costos asociados eleva la factura de gasto familiar y empresarial respectivamente.

 

El Estado Rector que promueve el PIN buscará regular aquellos mercados donde los precios no estén determinados por la libre competencia, sino por el grado monopólico u oligopólico de la industria en cuestión, todo en aras de la protección del consumidor y del productor.

 

La canasta básica, será establecida con carácter nutricional y no tributario. Serán aquellos productos con un adecuado balance entre el mayor nivel de consumo por parte de los percentiles de menores ingresos y el mayor aporte nutricional posible la que la compongan. Necesitamos un pueblo sano y con la posibilidad de adquirir alimentos de calidad con un IVA reducido al mínimo. Los insumos pecuarios, ambientalmente amigables, también tendrán tasas reducidas del IVA y de los derechos arancelarios de importación.

7.7.                 Fortalecimiento del cooperativismo y otras formas asociativas de producción.

Entendemos al cooperativismo como eje de la economía social solidaria y como un modelo asociativo de negocios que permite democratizar las utilidades de la actividad. Creemos en el emprendimiento, en el costarricense empresario antes que empleado, pero también creemos en las asociaciones productivas y en la economía colaborativa, donde se conjugan los esfuerzos colectivos hacia el bien común, con una distribución democrática de los excedentes y utilidades.

 

Una de las acciones claves será revisar los TLC bilaterales que imposibilitan al pequeño productor de participar de mercados internacionales obligándolos al contrabando y la informalidad.

 

Proponemos la modificación del inciso d) del artículo 31 a la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Ley N° 4179, del 22 de Agosto de 1968 y sus reformas, para que más costarricenses de una forma ágil y sencilla puedan establecer pequeñas cooperativas productivas con acceso a recursos de bajo costo y se puedan incorporar a la fuerza laboral en total formalidad.

7.8.                 Desarrollo productivo de MYPIMES

 

Generar desde la reforma educativa una estructura que consolide el pensamiento de emprendedor asociado a las diferentes instituciones que son las encargadas de agilizar y formalizar los procesos de estas iniciativas.

 

El establecimiento de nuevos emprendimientos pasa por el acceso al financiamiento y a la capacitación como ya se ha indicado, sin embargo, la ¨tramitomanía¨ es una de las principales barreras que desalientan al emprendedor. Decenas de requisitos y requerimientos que varían en cada municipalidad para la obtención de una licencia comercial desalientan a pequeños empresarios y los condenan a la informalidad permanente.

 

Muchas buenas iniciativas mueren en el tortuoso camino entre el uso de suelo, el permiso sanitario de funcionamiento, la declaratoria PYME o la inscripción en la CCSS o en Hacienda. Con ellas mueren sueños e ilusiones de tener un negocio propio, pero también mueren las oportunidades de generar ingresos frescos para el erario público, municipal y nacional. Se reducen también las oportunidades de generar servicios públicos de calidad y ofrecer pensiones dignas.

 

Las ventanillas únicas para la atención de emprendimientos, serán una obligación de cada Municipalidad que deberá en un plazo no mayor a 6 meses reducir los plazos y los procesos de otorgamiento de licencias comerciales de forma sustancial. Se hará cumplir la ley 8220 y sus reformas para la protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.  Pero además se promoverán incentivos para modelos de negocios novedosos como la posibilidad de que las franquicias de carácter nacional puedan inscribirse en el Régimen Simplificado de Tributación Directa.

El involucramiento de las Universidades, y en particular las enfocadas en la administración y generación de empresas, permitirá una interacción entre el sector académico y el sector productivo, el cual es un vacío que la dinámica gubernamental, académica, tanto pública como privada, no ha logrado conectar de la manera más adecuada posible. Acá está uno de los elementos de mayor potencial de desarrollo que tiene nuestro país para generar empleos, producción y reactvación económica a través de los emprendimientos acompañados para el éxito (EAE).

7.9.                 Promoción y protección de la soberanía y seguridad alimentaria

Promoción de la Producción Agropecuaria: En búsqueda de la Soberanía Alimentaria. El PIN ha presentado el proyecto de Ley 21.960, cuya base resume la política agroalimentaria de la Alianza Intersectorial y es la siguiente:

 

“El término “soberanía alimentaria” ha sido confundido con “autoabastecimiento alimentario”, y se han hecho comentarios a partir de esta confusión. En realidad, soberanía alimentaria no significa producir todo lo que comemos, pues claramente eso no es posible, porque no tenemos las condiciones ecológicas para hacerlo. El concepto se refiere al derecho de los países a definir su propia política agraria y alimentaria. Naciones como Estados Unidos y algunas de Europa lo practican todo el tiempo en su política agrícola, sin temor a promover, apoyar e incluso proteger determinadas actividades agropecuarias que consideran estratégicas. El promover este concepto, significa adoptar un comportamiento de país desarrollado en relación con la política pública agrícola.

 

Depender de los alimentos que producen otros países, aun cuando en teoría resulte más barato en situaciones coyunturales, sólo expresa una inaceptable dependencia, claramente utilizada por los países industrializados, con agriculturas altamente subvencionadas, como una sofisticada herramienta política. Además, es inaceptable calificar los alimentos como mercancías. La tarea de nutrir a nuestras poblaciones, con alimentos abundantes y de excelente calidad, le compete por entero a nuestros campesinos, agricultores y empresarios agroindustriales, por lo que debe ser reconstruido un sistema de apoyo gubernamental, encabezado por el CNP, de producción, acopio, distribución eficiente y precios accesibles para todas las familias. La agricultura en nuestro país debe convertirse en un servicio esencial y por lo tanto debe tener un tratamiento especial y estratégico por parte del Estado. Los mercados internacionales son cada vez más competitivos y ante esta realidad los agricultores nacionales requieren de herramientas tecnológicas y de un apoyo integral que les permitan igualdad de condiciones.

 

Por lo anterior  y en virtud de la crisis actual generada por el COVID -19  y del total abandono de la reactivación  económica,  nuestro país  debe urgentemente impulsar una agenda gubernamental de desarrollo a favor del crecimiento económico que apoye la sostenibilidad agrícola, con el fin de potenciar la soberanía alimentaria,  asignando de manera adicional recursos económicos para el financiamiento de proyectos agropecuarios y para la  expansión  de infraestructura vial  rural y áreas  dedicadas al cultivo, con el propósito de aumentar la producción agropecuaria  nacional ,el acceso a los mercados y reducir los costos de transacción e invertir en tecnología  de riego, en especial para aumentar la eficiencia en el uso del agua.

 

Las iniciativas que se impulsen deberán esta enfocadas en:

 

  • Suplir las necesidades de alimento de la población, a partir de la definición y ejecución de sus propias políticas agropecuarias y pesqueras que garanticen la producción de la mayor cantidad posible de sus alimentos, mediante un proceso sostenible en sus dimensiones ambientales, económicas y sociales. Para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes en las zonas productivas del país, el fortalecimiento y arraigo de la cultura tradicional, campesina e indígena, en todas sus manifestaciones.

 

  • Para su sostenibilidad, por medio del fomento de la producción y comercialización de alimentos, como actividad generadora de recursos económicos y fuente de oportunidades de desarrollo.

El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria contendrá como mínimo dos planes de desarrollo específicos: Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Plan Nacional de Pesca y Acuicultura, que se construirán con el concurso de la institucionalidad y de los sectores agropecuarios, pesqueros adscritos al plan.

 

Para ello nuestro compromiso estará enfocado en promover el trabajo interdisciplinario y articulado de los entes acreditados para brindar transferencias tecnológicas e incorporar programas para la formación de formadores, buscando un mayor aprovechamiento del conocimiento y la multiplicación de los actores en este esquema, potenciando a su vez las tecnologías modernas de información y comunicación, para irradiar a un mayor número de productores agroalimentarios. (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidades Públicas a través instancias como el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías de Alimentos (CITA) y el Centro de Investigación Transferencia de Tecnología y Educación (CITTED), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)).

 

Promover mediante el Ministerio de Agricultura MAG, el estudio, propuesta, coordinación y ejecución de acuerdos y convenios de cooperación a escala nacional e internacional, para el desarrollo y mejoramiento de las buenas prácticas productivas en materia de Alimentos.  Dichos acuerdos y convenios no pueden condicionar el uso de paquetes tecnológicos determinados, ni establecerán limitaciones a los agricultores en el uso de semillas criollas o mejoradas por ellos mismos, o en la aplicación de conocimientos y prácticas de cultivo y producción autóctonas.  Las universidades públicas que voluntariamente se incorporen al proceso, tendrán prioridad para gestionar estos convenios

Todo este proyecto como ya hemos mencionado, va de la mano de ejes transversales: ciencia y tecnología aplicada a la producción, plan de zonificación de la producción, apoyo estratégico basado en las diferentes áreas de los negocios agropecuarios: los productores requieren apoyo técnico el cual debe salir de un “Plan de productividad agropecuaria” directamente desde el MAG.

Mediante el formato de Cooperativas Agropecuarias, el MEIC encadenará con la formación de franquicias sociales, el desarrollo de centros distritales de comercialización (formato de verdulerías con carnicerías) con los cuales se encadenará la producción, acopio, procesamiento, logística y comercialización de los productos agropecuarios de pequeños productores.

Con esto se logrará generar empleo en zonas de alta necesidad, generar una mejor distribución de la riqueza que impacte al productor, impactar la salud de la población con productos naturales de alto valor nutricional.

Todo esto debe seguir de la mano con un decidido apoyo a las Ferias del Agricultor que deben ser favorecidas en la búsqueda de los mismos objetivos.  Es necesario que la investigación y desarrollo universitario pase a impactar formas de control de plagas con base en extractos naturales.

Debemos fortalecer el encadenamiento de la investigación enfocada a la productividad, con el desarrollo de patentes y registros de marca que le den la propiedad intelectual al estado y universidades para competir con productos orgánicos a nivel mundial y diferenciar nuestra producción con alto valor agregado.

Se visualiza de esta forma, todo lo anterior, como un instrumento planificador por medio del cual se fijan las pautas de soberanía alimentaria. Sosteniendo los principios de diversidad cultural intra e intergeneracional y de igualdad de género.

7.10.              Políticas del Sector Turismo

 

El sector Turismo es sin lugar a dudas uno de los que ha vivido de manera más intensa la crisis ocasionada por la Pandemia del Covid-19 generando una de las mayores afectaciones de todos los sectores del país, ocasionado por la caída de ingreso de turistas al país, así como la salida de turistas y viajeros de negocios del país con las consecuentes disminuciones en la venta de boletos y la correspondiente disminución en los ingresos de las agencias de viajes y por ende la suspensión de puestos de trabajo y el correspondiente desempleo sin despido de los trabajadores de estas empresas. Otro grupo de empresarios afectado por esta Sindemia ha sido el de los Hoteleros con la cancelación de habitaciones y el impacto en el turismo receptivo en todos sus encadenamientos.

Efectivamente esto causa toda la baja en una gran cantidad de restaurantes y sector gastronómico asociado.

La realidad, en perjuicio de los empleados así como de los empresarios tanto pequeños como medianos y grandes, cuyas empresas no van a quebrar mientras estén en suspensión de contratos, pero con el grave deterioro social que esto ha impactado en miles de familias con contratos suspendidos.  Los empleados han disminuido sus ingresos.

Propuestas para el Sector Turismo:

  • Es necesario de acuerdo al Plan de Gobierno del PIN establecer seguro de desempleo para el sector. Flexibilizar el ingreso de turistas. Favorecer la demanda turística.
  • Sectorizar los establecimientos turísticos en áreas de vacunados y no vacunados.
  • Incentivos para la inversión hotelera
  • Beneficios fiscales para la inversión de MIPYMES turísticas
  • Incentivar los proyectos de apoyo a todo el sector encadenado al turismo (tour operadores, restauranteros, hoteleros que generen empleo con tasas temporales de cuotas obrero patronales preferentes hasta llegar a índices pre COVID.
  • Aprovechar la Ley de Nómadas digitales para favorecer la llegada de turistas de larga estancia, mejorando las condiciones de internet en las zonas seleccionadas para esta promoción.
  • Estimular la construcción costera con procesos de permisos simplificados por decreto como periodo de gracia: Máximo 30 días de otorgamiento de permisos constructivos y patentes.
  • Favorecer el Seguro Covid de tal manera que los pacientes positivos puedan ser atendidos de manera adecuada. Las utilidades de ese seguro manejado por el INS serán distribuidas como incentivos al sector turismo.

7.11.              Transporte e Infraestructura

 

Sin lugar a duda el Transporte y la Infraestructura siguen siendo en Costa Rica uno de los principales retos para que Costa Rica pueda ser un país desarrollado en el 2030.

 

Modelo de Transporte Público: hacia una transitabilidad eficiente en equilibrio con el ambiente con acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

 

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, el costo de la pérdida de tiempo de los trabajadores en las presas de la GAM representa el 4,3% del producto interno bruto (PIB). En promedio, cada habitante del centro del país gasta entre $2.000 y $3.000 al año en presas. Cada día laboral 200.000 personas se movilizan hacia San José provenientes de otros cantones; otros 50.000 habitantes hacen el desplazamiento a la inversa; mientras que 375.000 más se mueven entre los principales territorios de la GAM.

 

Solucionar la movilidad para más de 625.000 personas que lidian todos los días con presas, no pasa por desarrollar más carreteras, sino por ofrecerles opciones de transporte eficientes que reemplacen el uso de vehículo particular. Los cantones que han identificado volúmenes altos o extremos de congestionamientos son territorios urbanizados, por lo que es imposible ampliar o construir nuevas carreteras para solucionar las presas.

 

Se estima que en el 2019 las emisiones de CO2 provenientes de la flota vehicular en Costa Rica fueron en total de 6.832.911 toneladas. De estas, más de 3,3 millones de toneladas corresponden a vehículos gasolina y más de 3,4 millones de toneladas a vehículos diésel. Por tipo (gráfico 4.8), los automóviles concentraron el 45% del total, el transporte de carga otro 40% (22% carga pesada y 18% carga liviana), los servicios de transporte público de pasajeros, como autobuses y taxis, en conjunto, el 11%, y las motocicletas el restante 4%.

 

El CO2 que emite la flota vehicular es relativamente menos nocivo que otros gases, en cuanto a sus efectos directos sobre la salud humana; sin embargo, este es el gas que, por volumen, contribuye más al efecto invernadero en el mundo y al calentamiento global. Los vehículos, además, son los responsables de quemar el 84% de los hidrocarburos que se consumen en el país, lo que hace casi imposible reducir las emisiones contaminantes.

 

Las presas, sin duda alguna, son el dolor de cabeza de muchos ticos. No solamente está el hecho de que estas significan, en muchas ocasiones, una llegada tardía al trabajo, escuela, colegio, universidad, cita en un centro médico, entre otros destinos; sino también, un estrés emocional que en algunas oportunidades y dependiendo de cada persona, llega a apoderarse de los ticos con el riesgo de generar, incluso, discusiones o violencia entre conductores.

 

Entendiendo lo anterior es que nos hemos planteado desarrollar un sistema de transporte público eficiente e interconectado, fortaleciendo y contribuyendo a la sostenibilidad del transporte público regulado e implementando alternativas novedosas como el caso de sistemas de transporte por cable, una solución que aprovecha el espacio aéreo, descongestionando por completo las carreteras. Solamente disminuyendo la cantidad de vehículos en carretera podremos disminuir el congestionamiento vial. Está claro que no es opción desarrollar más infraestructura vial y la cantidad de personas que se mueven entre los principales cantones requieren de esta forma alternativa de transporte masivo eficiente. Esta es sin duda la solución más eficiente para el problema de las presas, ya que puede atacar directamente las zonas de mayor congestionamiento.

 

Su eficiencia también pasa por el hecho de que es un sistema de tiquete único, es decir quién se sube al sistema en una línea, por el valor de un solo tiquete puede utilizar las líneas que requiera. Ej.: alguien puede tomar la línea Higuito – Desamparados, ahí pasarse a la línea Desamparados – San José y en San José tomar la línea San José – San Pedro. Así puede llegar desde Higuito a San Pedro con el costo de un solo tiquete (estimado en ¢600).

 

Este planteamiento es una etapa inicial ya que por las posibilidades que ofrece y el bajo costo (vrs otros sistemas) de construcción, implementación y mantenimiento se podrán seguir desarrollando todas las líneas que la demanda permita. El MetroCable es un sistema probado, basta ver los resultados en Latinoamérica para darse cuenta de lo efectivo que es. Los casos de Medellín, Bogotá, Quito, La Paz, República Dominicana, entre otros.

 

A nivel de Puertos y Aeropuertos, Costa Rica tiene 2 grandes desafíos: la optimización de sus puertos mediante la consolidación de APM Terminals, Moín y Caldera como puertas de entrada y salida de mercadería desde y hacia el mundo. Estos pasan tanto por la eficiencia en su operación, como por el control de la mercancía, tanto con fines tributarios, como de lucha decidida contra el narcotráfico y el contrabando. En esa línea la optimización de Puertos y Aeropuertos pasa por la colocación eficiente de scaners de tal manera que se pueda gozar de estándares internacionales.

  • Desarrollo Ambiental

 

El PIN propone el desarrollo de una política ambiental que permita laconservación de los recursos naturales y erradique las actividades que dañan el ambiente. Por lo que proponemos las siguientes acciones:

  • Reducir al mínimo los principales contaminantes en la gran área metropolitana, con el uso de las tecnologías e innovaciones más recientes en el área de las ingenierías ambientales.
  • Llevar un control de emisión de gases en puntos estratégicos de San José, y crear una unidad de vigilancia y reporte de los Indices de ozono, organizar adecuadamente el transporte público urbano, para ubicarlo a nivel periférico, para evitar la contaminación en el centro de la ciudad.
  • Ejecutar investigaciones sobre la capacidad de carga del tránsito en el área capitalina y planificar el uso de vehículos aotomotores en San José.
  • Participar en los foros internacionales que apoyen y busquen respuestas reales para estas políticas.

Contaminación de Ríos y Cuencas Hidrográficas

  • Poner en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial a nivel de Cuencas Hidrográficas, Provincias, Cantones, con el fin de regular el uso del suelo y crear zonas específicas para la recreación y conservación de los recursos boscosos del país, utilizando Sistemas de Información Geográfica Satelital.
  • Licitar a nivel internacional los trabajos por concesión de obra pública para la construcción de Plantas de Tratamiento de aguas servidas e industriales, en las zonas urbanas del país, con el fin de reducir a niveles mínimos la contaminación de ríos y zonas costeras.
  • Aplicación de incentivos a las industrias que participen activamente en
  • las recomendaciones de las auditorias ambientales que serán de carácter obligatorio en el país.
  • Ejecutar un plan marítimo-costero que contemple la protección de zonas marinas e interés ecológico y el diseño de políticas de conservación y manejo de sus recursos.
  • Impulsar programas de educación sobre estos aspectos.
  • El abastecimiento de los recursos hídricos -el agua-, será objeto principal en las acciones del PIN.

Deforestación y uso del suelo

  • Desarrollar y promover la biotecnología en el área forestal, con el fin de desarrollar especies tropicales que tengan un mayor rendimiento económico, como ejemplo, especies de rápido crecimiento e incentivar su inserción en la industria forestal.
  • Desarrollar y promover los sistemas de conservación de suelos desarrollados por las instituciones nacionales y llevar a la práctica un intensivo plan de instrumentalización de las políticas en el manejo de los suelos.
  • Realizar campañas nacionales para reforestar las principales cuencas hidrográficas del país a través de escuelas y colegios, así como por organizaciones privadas y públicas, generando empleo e identificación de la juventud con la naturaleza y la protección del medio ambiente.
  • Manejo de desechos sólidos
  • Promoveremos la construcción de rellenos sanitarios regionales, y una política de reducción de desechos en la fuente.

Se promoverá la gestión tecnológica industrial, con el fin de minimizar el volumen de desechos congruente con una política Educativa Ambiental, en los programas del MEP, que permitan concientizar a la población en el manejo de los desechos sólidos. Se promulgarán leyes sobre el Manejo de los Desechos Sólidos Peligrosos, y un Código de Conducta del Consumidor y Reglas sobre los derechos y deberes del ciudadano, para con el medio ambiente.

Desde los años 1970, con las primeras medidas en el tema forestal y luego, la preparación de la conferencia de Kioto y los consecuentes proyectos, Costa Rica se posicionó como líder internacional en el manejo ambiental. Sin embargo, el país enfrenta todavía grandes retos ambientales, que influyen como eje transversal en el desarrollo económico y social de nuestra nación. Una gestión sostenible bajo un control responsable de los recursos para el bien común de la sociedad es el eje central de nuestro planteamiento en materia ambiental.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 88 indicadores son los que tienen relación directa con el medio ambiente. Por lo que nuestra base en este capítulo se sustenta con base en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El desarrollo sostenible se considera como aquel modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas propias. Este integra de manera complementaria la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico de las personas, por lo que el medio ambiente es una parte integrante y fundamental del proceso de desarrollo. El desarrollo humano sostenible por tanto, hace referencia a la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de los recursos naturales. Ha de tomar en cuenta la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 

Por tanto, consideramos que la protección ambiental en Costa Rica es esencialmente importante para el desarrollo y la economía del país.

Propuestas.

Reducir los impactos del cambio y variabilidad climática, aumentando las capacidades adaptativas y de gestión de riesgo de desastres, propiciando una mayor resiliencia de sectores vulnerables.

Impulsar las acciones de reducción de emisiones en sectores clave (transporte, energía, agricultura, residuos sólidos) para catalizar el proceso de transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones en el marco de las Contribuciones Nacionales (NDCs) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Metas.

  1. Fundamentar valores de solidaridad ciudad-campo; destacando la necesidad de mantener el sistema de producción agropecuaria nacional. Además, se deben retomar y mejorar los sistemas de producción, comercialización y procesamiento de productos agropecuarios.
  2. Incentivar la transformación de la agricultura tradicional hacia un modelo alternativo en el que el uso de insumos de origen orgánico sea el eje central de los paquetes tecnológicos.
  3. Defender los principios de soberanía y seguridad alimentaria, así como rechazar los modelos de producción y comercialización tendientes a desintegrar el sistema de pequeña propiedad agrícola.
  4. Incentivar la creación de cooperativas de producción solidaria y de personas consumidoras, con la finalidad de comprar y vender productos agropecuarios entre sí, a precios más convenientes para ambas partes
  5. Estimular los programas de comercio justo mediante el reconocimiento del valor agregado de la producción agroecológica, la ampliación de opciones de comercialización en el mercado interno; la consolidación y aumento de las ferias orgánica
  6. Desarrollar de manera permanente una campaña de educación socioambiental enfocada en reducir efectivamente la cantidad total de residuos producidos en los hogares y el comercio, a partir de promover un cambio cultural que rechace el consumismo excesivo e innecesario y lo sustituya por un consumo sustentable, promoviendo primero la reducción, luego la reutilización y por último el reciclaje, unido a una fuerte educación ambiental.
  7. Adoptar políticas públicas dirigidas a reducir drásticamente el consumo innecesario de residuos de difícil manejo. Esto puede incluir desde instrumentos que desestimulen su consumo, como tasas impositivas más elevadas, hasta prohibiciones expresas de ciertos productos altamente contaminantes e imposibles de reutilizar o reciclar (como bolsas plásticas desechables usadas en el comercio o vajillas desechables
  8. Impulsar el desarrollo de invernaderos y granjas solares para dar valor agregado a la producción agropecuaria.
  9. Promover la revisión y el replanteamiento de las políticas, estrategias y discursos oficiales sobre la carbono neutralidad, para eliminar su sesgo mercantilista y superar la lógica perversa de los mercados de carbono.
  10. Impulsar firmemente la modernización de la infraestructura y del transporte público y privado, priorizando el transporte público intermodal como estrategia para una movilidad eficiente y sostenible.

Acciones:

  1. Fortalecer la participación de organizaciones de la sociedad civil en estructuras vinculantes a temas de biodiversidad y bosques como FONAFIFO, CONAGEBIO, SETENA, entre otras.
  2. Fortalecer a los grupos comunales vigilantes de los recursos naturales (COVIRENAS) y apoyar a las organizaciones ecologistas comunales.
  3. Promover modelo de Pago de Servicios Ambientales (PSA) para familias campesinas y personas productoras agroambientales, y apoyar las iniciativas que presenten, brindando acompañamiento y asesoría.
  4. Fortalecer los controles y las sanciones contra la tala ilegal y la movilización ilegal de madera Incrementar la producción nacional forestal de plantaciones con especies nativas en sistemas agroforestales.
  5. Impulsar sistemas de producción, comercialización y procesamiento de productos agropecuarios, basados en un respeto absoluto al ambiente.
  6. Promover la certificación de la producción agropecuaria orgánica, con el fin de adecuar los costos y los trámites para que sean viables para las y los productores locales. Se desarrollarán sistemas de certificación participativa y un sistema público de certificación de la producción agropecuaria orgánica que den certeza a las personas consumidoras de que los productos que consumen son realmente orgánicos.
  7. Fortalecer el sistema de Ferias del Agricultor, para que los beneficios de la venta de productos agropecuarios lleguen directamente a las y los productores y disminuyan los costos para las personas consumidoras, mediante la eliminación de los espacios de intermediación en la cadena de comercialización.
  8. Promover el desarrollo de huertas familiares en los patios de las casas o, en caso de no haber patio, promover el cultivo hidropónico al interior de las casas. Al mismo tiempo, instalar huertas escolares de autoconsumo y de reproducción de semilla criolla, con fines educativos y de embellecimiento del entorno urbano, procurando a su vez una mayor integración de la comunidad.
  9. Aplicar en todos sus extremos la Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería encargada de su implementación. En particular deben ponerse en práctica los diversos mecanismos de incentivos para la transición hacia la producción orgánica. Asimismo, en consulta con las organizaciones del sector, se promoverá una reforma integral a esta ley para corregir vacíos y limitaciones que actualmente frenan su aplicación
  10. Con participación de las universidades públicas, el MAG, el MINAE y el Ministerio de Salud, se revisará la lista de plaguicidas y demás agroquímicos que se utilizan en nuestro cantón para fortalecer las normas dirigidas a proteger la salud de las personas, minimizar el riesgo de contaminación de nuestras fuentes de agua, y reducir paulatinamente el consumo de químicos tóxicos en nuestra zona.
  11. Promover, como parte de las campañas masivas de concienciación indicadas en el punto anterior, una reducción sistemática del consumo de productos y alimentos no naturales o excesivamente procesados y/o envasados, con la finalidad de reducir gradualmente el consumo de materiales como plástico, cartón, latón, aluminio y similares, ahorrando, además, enormes cantidades de agua y energía.
  12. Reorganizar, mejorar y fortalecer sustancialmente el sistema de transporte público en aras de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, a partir de la reducción del uso del vehículo particular. Promover el ahorro energético y el desarrollo paulatino de medios de transporte que utilicen energías alternativas.

Costa Rica tiene una riqueza natural muy amplia, más de la mitad del territorio nacional está cubierto por bosques. El país alberga un importante porcentaje de la biodiversidad mundial. El futuro del país y la calidad de vida de la población están directamente ligados a la naturaleza. Por eso es fundamental asegurar la sostenibilidad ambiental como condición indispensable e impostergable para el desarrollo económico y social.

8.1.                 Energía: El Proyecto Energético Costarricense en armonía con el Ambiente.

 

Los ejes de desarrollo energético costarricense en el Gobierno del PIN estarán basados en los siguientes ejes:

 

  • El PIN favorecerá la independencia del Centro de Control de Energía, mismo que debe tener un sustento legal, fundamentado en ejes de eficiencia y equidad económica, sin dejar de lado los subsidios sociales que son parte del estado social de derecho y que estamos comprometidos a defender.
  • Apoyo decidido al cambio de la flota vehicular que usen energías limpias basado en el objetivo de independencia petrolera.

 

  • Promoveremos incentivos fiscales que generen un beneficio real al que adquiera un vehículo eléctrico nuevo o usado con menos de 5 años de antigüedad. La ley actual solamente exonera los vehículos de un costo menor a los 30 mil dólares, el tope debe modificarse ya que en el mercado el segmento de vehículos eléctricos de un valor menor a 30 mil dólares es reducido.
  • Diversificación de la Matriz Energética. (Geotermia: Energía FIRME (365 días al año 24/7), Solar, Gas Natural y Eólica, todas con sistemas de almacenamiento.
  • Mediante la creación de redes inteligentes y microredes, para ser eficientes en el manejo de la demanda y oferta energética, permitiendo el despacho de la energía más barata y creando tarifas para atraer el comercio y la industria electrointensiva.
  • Cambio de RECOPE a plataforma de Energías Alternativas. Impulso a la generación de Energías Limpias y compromiso con la descarbonización, incluyendo la transformación de RECOPE como ente regulador de la Competencia del Proceso Energético: Ley de Reforma.

Recope debe tener las competencias legales que le permitan el desarrollo de combustibles alternativos así como la explotación de gas natural.

  • Cambio de Calderas de Bunker y Diesel por Calderas Eléctricas (10-18% del consumo de Petróleo actual), acompañado en la reforma del cálculo de la tarifa energética favoreciendo el ahorro energético y el bajo consumo. (REFORMA ARESEP)

 

Mediante incentivos fiscales que ayuden al cambio tecnológico y la creación de una tarifa que compita con el Bunker se logra dicho objetivo.

  • Ejecución del Plan Nacional del Manejo de Residuos, basado en Economía Circular, encadenado con soluciones cantonales al manejo de la misma. El manejo de residuos se puede enfocar en los ejes de las 4R reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, dejando los desechos finales para utilizarlos en procesos de gasificación o pirólisis que funcionan en la generación de energía.
  • Saneamiento de las finanzas del ICE, CNFL y AYA. Va de la mano de Salarios Justos, empleo público, optimización de costos, proceso anticorrupción pública y privada.
  • Compromiso con la GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS
  • Desarrollar una política ambiental que permita el progreso guardando ell equilibrio dinámico con el medio ambiente.
  • Compromiso con el desarrollo ambientalmente sostenible y con acciones concretas para la adaptación del cambio climático

8.2.                 Protección y Aprovechamiento de los recursos marinos

 

Proponemos la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas mediante diversos modelos de empoderamiento comunal que puedan aprovechar los réditos de estos servicios ambientales y la protección de zonas altamente potenciadoras de diversas actividades turísticas, de conservación y ciencia.

  • Se plantea la declaración de las rompientes litorales, como patrimonio nacional, para que impulse la reactivación económica, fluida a través (principalmente de unos de los elementos más atractivos de Costa Rica) del aprovechamiento de las olas para distintos deportes como el surf, snorkeling, buceo, windsurf, pesca, etc.
  • Esta declaración estará amparada por un decreto ejecutivo con contenido económico proveniente de las utilidades del ICT a un ritmo progresivo anual que podrá incrementarse mediante una demanda comunal a partir de emprendimientos locales asociados a la declaratoria.
  • Fortalecimiento de la guardia, aumentar el rubro para la cooperación interinstitucional,
  • Los planes reguladores costeros, incluyen el resguardo y la planificación de las zonas marítimas (sanciones a la privatización o intervención de los litorales) complementado con una ley que sancione a las alcaldías o consejos municipales que permitan la privatización de las playas y zonas marítimas.

8.3.                 Producción de Proteína de Origen Acuático en Equilibrio con el Medio Ambiente.

 

Se favorecerá el acompañamiento de producción de proteína de origen animal para los pequeños pescadores, con apoyo técnico del MAG, MEIC, INCOPESCA e INFOCOOP.

Todo este proceso pasa por la Ley 21.96, en la que se desarrolla  el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura, además de aquellos planes, políticas y proyectos existentes en los diferentes ámbitos llámese Agricultura Familiar, emprendedurismo, desarrollo de micro, de pequeñas y medianas organizaciones PYMPAS, etc., debe asegurar el manejo, la conservación, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, con el fin de garantizar su aprovechamiento como alimento indispensable de la población costarricense, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de las familias dedicadas a la pesca y de los habitantes de los litorales del país. Dicho Plan incorpora una estrategia para el rescate de la soberanía marítima y de sus riquezas para su explotación a favor del pescador nacional.

De manera interdisciplinaria, la producción de granjas acuáticas técnicamente desarrolladas, genera reactivación de grupos de personas que pueden llevar sustento a sus familias, generando productos pesqueros de alto valor nutricional que impactan la salud de la población.

Estos productos vienen a mejorar también el ambiente, al eliminar la pesca de arrastre transformando a esos pescadores en nuevas formas y estrategias productivas.

Es esencial tomar control de la pesca en aguas territoriales costarricenses de la cual se han aprovechado algunos empresarios inescrupulosos en conjunto con políticos oportunistas que han otorgado concesiones que van en contra del bien común de los costarricenses. Tenemos de acuerdo al Cuadro anterior, más de 594.974 Km2 de superficie en el gran Mar Azul Costarricense el cual debemos de proteger y explotar de manera adecuada generando abundancia para los costarricenses.

El Mar Azul Costarricense es una fuente de biodiversidad que debemos proteger, genera desarrollo de empresas de turismo acuático, y ofrece la posibilidad de ser equilibradamente explotada, para lo cual es necesario una policía marítima, con los recursos adecuados para vigilar y auditar el correcto cuidado de nuestro mayor recurso natural.

 

 

  1. Desarrollo de una Política Internacional

 

El fortalecimiento de la Cultura de Paz, así como el cuidado de la Biodiversidad, son dos elementos que están presentes de manera preponderante en todo el Plan de Gobierno del PIN 2022-2026.

 

Fomentar los Derechos Humanos, la Libertad de Prensa, la Preservación de la Paz, no son simple retórica. Pasan por los elementos esenciales del ser costarricense y por ende de nuestra cultura, de nuestra identidad y uno de los aportes más grandes de nuestro país en el concierto mundial. Por tal motivo, exponemos nuestras propuestas:

9.1.                 Propuesta en materia de relaciones internacionales y cancillería

 

La política exterior de un gobierno del PIN está centrada en la promoción de la integración en todas sus formas, así como los derechos humanos, la convivencia pacífica, la cooperación y la búsqueda permanente de la solución de los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

 

Como eje transversal en el actuar del gobierno, el rol de las representaciones diplomáticas debe ser fundamental, estableciendo relaciones estratégicas con países que ubican mejores prácticas en temas de interés para el desarrollo nacional. Esto podría implicar un reordenamiento de nuestras sedes diplomáticas en función de los ciudadanos en el extranjero y las relaciones estratégicas.

 

A lo interno, es fundamental retomar la debida capacitación del personal, sensibilizar culturalmente y despolitizar los nombramientos, bajo el entendido de que el rol de un diplomático moderno y eficiente debe ser estratégico y efectivo.

 

  • Aprovechar estratégicamente la incorporación de Costa Rica a la OCDE, comprometidos en primera instancia por trabajar incansablemente en el objetivo 1 de las Naciones Unidas: La Erradicación de la Pobreza
  • Adicionalmente y con base en nuestra doctrina integracionista, el PIN dará impulso al SICA.

 

Ejes de la Política Exterior

 

  1. Derechos Humanos

 

Reposicionar a Costa Rica en los Organismos Internacionales sobre Derechos Humanos a fin de explotar la imagen de Costa Rica con el respaldo que brinda una exposición técnica y balanceada de los derechos humanos,  convirtiéndose nuevamente nuestro país en un actor relevante y de peso a nivel internacional y por supuesto en la Corte Internacional en Ginebra.

 

  1. Medio Ambiente

 

Promover y dar buen uso a la imagen de Costa Rica en materia ambiental. Esta propuesta no sólo requiere un fortalecimiento del rol y presencia de Costa Rica en organismos internacionales, sino que debe verse apoyada en políticas de desarrollo verde vanguardistas y atrevidas. Costa Rica debe dar un salto de fe a lo interno hacia lo ecológico y lo verde de forma tal que esa postura permite establecer relaciones estratégicas y programas que permitan demostrar la viabilidad de un modelo ecológico sostenible.

 

  1. Paz y Neutralidad

 

Aumentar la participación activa y sustancial de Costa Rica en los Organismos Internacionales involucrados con las restricciones a la guerra o a las armas.

Involucrarse activamente en la solución de conflictos internacionales. Costa Rica debería poseer un equipo de expertos en paz y solución sostenible de conflictos, activamente involucrado en la solución de problemas entre terceras naciones.

Promover la neutralidad como un medio para reducir tensiones internacionales y crear vías de construcción de paz.

 

Propuestas de Política Exterior para el Gobierno PIN 2022-2026

 

  • Relanzamiento internacional de Costa Rica como marca internacional de prestigio en Derechos Humanos, Paz, Democracia y Ambiente.

 

  • Crear las condiciones necesarias para la implementación efectiva de los tratados de derechos humanos, ratificados por el Estado costarricense, sean del sistema universal, interamericano o de cualquier otro sistema de integración del que el país sea parte.
  • Reforma integral tanto a los Servicios Exterior e Interior, reforzando la carrera diplomática pero sin desempoderar el mandato democrático como guía y base fundamental de toda la acción política gubernamental, máxime en materia tan sensible para un país sin ejército.

 

  • Elevar el nivel de los diplomáticos nombrados en el exterior, tanto políticos como de carrera. Y evaluar anualmente su desempeño por entes externos a la cancillería, vinculando dos evaluaciones continuas para dar continuidad -o no- a los representantes diplomáticos.

 

  • Reducir al máximo los viajes de todo el aparato estatal, aprovechando la experiencia -que es a la vez una lección aprendida y consolidada- de la Pandemia que demostró que la inmensa mayoría de reuniones podrían celebrarse digitalmente, sin el enorme costo que suponen los viajes burocráticos. Imponiendo la aprobación de los jerarcas de cada institución para todos los viajes, sin excepción.

 

  • Revisión de la confusión y duplicidad de roles que constata cuando la cancillería despliega esfuerzos de la mal llamada “diplomacia económica”, invadiendo las competencias legalmente atribuidas a COMEX.

 

  • Resolver el desfinanciamiento del Servicio Exterior que debe contar con mayores recursos para operar, dignificando nuestro cuerpo diplomático como país miembro de la OCDE, y no como un país pobre, sino mal administrado hasta ahora.

 

  • Proponer y liderar la reforma integral de las organizaciones multilaterales más importantes para Costa Rica: OEA y ONU, simplificando sus estructuras y abaratando sus costos, enfocándose en sus mandatos originales y las nuevas amenazas globales.

 

  • Participar activamente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a fin de promover una propuesta de integración económica regional, que responda integralmente a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

 

  • Asumir una posición constructiva de liderazgo en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el fin de evaluar su real desempeño para su fortalecimiento, con miras a su “reseteo” y relanzamiento.